Los bomberos forestales de Madrid exigen al Ministerio de Hacienda un «acuerdo justo».

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que están en huelga desde el 15 de julio, han exigido este miércoles frente al Ministerio de Hacienda la negociación de un «convenio justo» que procure mejoras en sus condiciones laborales. El colectivo acusa a Tragsa, la empresa pública que brinda el servicio mediante un encargo del Gobierno regional, de «negarse a dialogar». Esta protesta ocurre tras una reunión la semana pasada entre Tragsa, la Comunidad de Madrid y los bomberos, que estos últimos consideraron como «insuficiente». Ahora, han solicitado una reunión con el Gobierno.

«El fuego mata y Tragsa nos remata», se escuchó esta mañana. También se mostraron pancartas con el lema: «Tragsa nos explota. CAM lo consiente». Aproximadamente 150 bomberos, vestidos con sus trajes de intervención, simularon incendios frente a las puertas del Ministerio. La calle Alcalá se llenó de humo, fuego y ruido.

El objetivo de la manifestación era alcanzar al Gobierno central. «Hemos registrado una solicitud de reunión con la ministra y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para que se siente a negociar con nosotros o que otorge a Tragsa los permisos necesarios para negociar un convenio colectivo con los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid», expresó Javier Villanueva, miembro del Comité de Empresa de los bomberos. Raúl Fernández, también del comité, afirmó: «Estamos seguros de que una reunión con la persona competente en este ámbito podría aclarar definitivamente esta situación. Proporcionar seguridad jurídica tanto a la empresa como a los trabajadores, y garantizar el pleno respeto a los derechos laborales en el seno de una empresa pública como Tragsa».

De hecho, la empresa Tragsa fue quien los remitió a Hacienda, argumentando que necesita un permiso del Ministerio para que se apruebe el encargo de la Comunidad de Madrid. Tragsa presta el servicio bajo encargo del Gobierno regional. Juan José Arias, bombero y miembro del comité de UGT, explicó: «Lo que venimos a reclamar hoy es que si es cierto que la Comunidad de Madrid ya ha realizado un esfuerzo, y es Tragsa la que se niega a negociar alegando que Hacienda se lo impide, solicitamos a Hacienda que otorgue ese permiso a Tragsa para que pueda negociar directamente con nosotros».

Arias resumió la situación así: «El último convenio se firmó en 2008. Anteriormente, lo gestionaban Matinsa e Infosa. Cuando se estaba negociando con esta última, la Comunidad de Madrid se lo cedió a Tragsa, que entró en febrero de 2022. Este encargo termina el 31 de diciembre de este año, que era por 4 años. La Comunidad de Madrid ha realizado algunas modificaciones para que se nos destine algo más, pero ese incremento es insuficiente». Para él: «La solución sería no renovar con Tragsa y que la propia Comunidad, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM), asumiera el servicio, eliminando el intermediario».

Villanueva resaltó: «La Comunidad de Madrid mostró voluntad de negociación, lo cual apreciamos, aunque consideramos que es insuficiente. Sin embargo, la empresa pública Tragsa no ha mostrado ninguna disposición. Se sigue negando a todo, incluyendo la negociación».

«Estamos aquí porque nuestras peticiones no están siendo atendidas. Ni Tragsa, ni la Comunidad de Madrid. Nos tienen abandonados. Queremos que nuestras condiciones laborales mejoren. Que nuestros sueldos aumenten. En general, que se nos respete», añadió María Jesús.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, estuvo presente en la manifestación para respaldar a los bomberos. «Estamos acompañando a los bomberos que están protestando frente al Ministerio de Hacienda porque Tragsa depende de este a través de la SEPI. Hay una privatización encubierta muy seria de estos servicios con empresas privadas, contra la que están luchando. También exigen mejoras en sus condiciones laborales, ya que ni siquiera la empresa quiere negociarlas, excusándose en que el Gobierno de España no le entrega los fondos para mejorarlas».

Este verano, se han quemado en la región más de 3.700 hectáreas, una cifra mayor a la de los últimos diez años. Los bomberos enfrentaron el incendio de Tres Cantos, donde se quemaron casi 2.000 hectáreas y una persona perdió la vida, durante una huelga que se mantiene indefinidamente. El riesgo alto del INFOMA finaliza el 30 de septiembre.