El ‘efecto inmobiliario’ impacta a propietarios en Madrid, quienes presionan a los inquilinos con seguros obligatorios y fianzas retenidas.

Pablo y Pedro han experimentado de primera mano las tácticas más extremas que emplean los caseros. La primera vez ocurrió el pasado mes de junio. Ambos comparten un piso en el barrio de Pacífico, en el distrito de Retiro. Mariano, su arrendador anterior, les comunicó con poco tiempo de antelación que debían desalojar su vivienda, donde habían tenido que aceptar un contrato de temporada irregular. Este tipo de contratos se renuevan anualmente y solo si lo decide el casero, lo que elimina la posibilidad de una prórroga obligatoria de cinco años, como sucede con los alquileres convencionales. Es un mecanismo diseñado para estancias cortas, pero que algunos propietarios utilizan para evadir la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), normativa que establece los derechos y deberes de ambas partes. Esto reduce la protección del inquilino en aspectos como el aumento del alquiler mensual o, como les pasó a estos jóvenes, el plazo de aviso en caso de no renovación del contrato. Y esto puede resultar costoso.

“Dijo que sus hermanos querían vender el piso. Su familia siempre era la excusa: cuando le preguntábamos o le solicitábamos algo, se retrasaba porque tenía que consultarles. Y si surgía algún inconveniente de su parte, siempre mencionaba lo mismo: que se lo habían comentado sus hermanos. El caso es que nos avisó con menos de dos meses de antelación a la fecha de finalización del contrato, algo que no sería permitido si fuera un contrato de alquiler regular”, relata Pablo a Somos Madrid. Él llevaba apenas unos meses, pero su compañero Pedro había encadenado cuatro contratos de temporada de 11 meses cada uno durante cuatro años.