Sánchez busca hacerse con Madrid manipulando el censo electoral.

Realicen cálculos: el PP se impuso en las últimas elecciones generales en Madrid con una diferencia de 400.000 votos respecto al PSOE, cifra similar a la cantidad de inmigrantes que podrán votar tras finalizar el proceso de nacionalización. En total, en España habrá 2,3 millones de nuevos españoles, de los cuales los mencionados 400.000 en la comunidad madrileña son parte. Es evidente que estamos ante un engorde artificial del censo electoral impulsado por el Gobierno de Sánchez, una alteración que se presenta bajo un velo de legalidad, tras la que se oculta una estrategia del Ejecutivo. En las elecciones de 2023, el PP se posicionó como la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid, con 1.463.183 votos (40,55 %), mientras que el PSOE quedó en segundo lugar, con 1.004.599 (27,84 %). El PP obtuvo 16 escaños (seis más que en los anteriores comicios), mientras que los socialistas consiguieron 10. Es claro que, al introducir una base de votantes significativamente nueva, Sánchez pretende que esa brecha se reduzca, suponiendo que los nuevos electores le estarán agradecidos por haberles otorgado la nacionalidad. Según estimaciones de la Comunidad de Madrid, con que solo votaran 20.000 de esos nuevos nacionalizados, ya se movería un escaño. Y si votara la mitad, podrían decidir hasta diez.

Los extranjeros tendrían derecho a votar en las elecciones municipales, incluso sin haber obtenido la nacionalidad española, siempre que sean ciudadanos de la Unión Europea o provengan de países con un acuerdo de reciprocidad con España. En las últimas elecciones municipales de 2023, los residentes en España de nacionalidad de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago tuvieron derecho a voto. En su entrevista con OKDIARIO, Ayuso denunció que «estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose en comparación con el resto de España». La conocida como Ley de Memoria Democrática, o Ley de Nietos —que fue aprobada en 2022 con el apoyo de Bildu—, establece dos vías para obtener la nacionalidad española: una que favorece a los hijos y nietos de exiliados y víctimas de la dictadura franquista, incluyendo a quienes abandonaron España «por razones políticas, ideológicas o incluso de orientación sexual». Es decir, Sánchez parece tener claro: si con los votantes actuales Madrid es inalcanzable para el PSOE, cambiemos de votantes.