70 familias esquivan el desalojo por parte de la Casa de Alba gracias a la extensión temporal de la prórroga de alquileres.

La crisis inmobiliaria en España añade un nuevo capítulo a su polémica y debate. Esta vez, destacan las presiones recibidas por hasta 70 familias que residen en el corazón de Madrid para que dejen sus hogares. Sin embargo, aunque sea un alivio temporal, la noticia ha sido marcada por conseguir frenar el desahucio de los inquilinos de estos pisos pertenecientes a la Casa de Alba. La clave ha sido la implementación del nuevo decreto de protección de alquiler propuesto por el Gobierno, que permite prorrogar los contratos durante dos años bajo las mismas condiciones.

Estas familias viven en una manzana completa que es propiedad de la Casa de Alba. En los últimos meses, los inquilinos han recibido comunicaciones por burofax notificando la no renovación de sus contratos, con plazos para abandonar sus hogares que en algunos casos eran tan cercanos como el 1 de julio.

Los afectados han denunciado, como ha sido reportado por La Sexta, que las razones alegadas por la propiedad, tales como obras de rehabilitación o mantenimiento, ocultan en realidad un cambio de uso de los inmuebles. Sospechan que el verdadero objetivo es convertir estas viviendas en pisos turísticos o alojamientos temporales, más rentables en una zona con un alto valor inmobiliario.

Además, según han comentado algunos vecinos a la cadena de televisión, la relación con la propiedad cambió notablemente tras el fallecimiento de la duquesa de Alba. Explican que antes existía un trato más cercano, pero ahora la comunicación se limita a notificaciones formales y decisiones unilaterales.

En este marco, la aprobación del decreto ha sido un salvavidas. Con esta normativa, los inquilinos podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de sus contratos, lo que les permitirá permanecer en sus casas hasta dos años adicionales. Aunque son conscientes de que es una solución temporal, este tiempo les brinda la oportunidad de organizarse, buscar alternativas o continuar su lucha legal y social.

Por parte de la gestión de la propiedad, se asegura que se están considerando soluciones personalizadas para cada situación, aunque los vecinos denuncian que, en la práctica, la única opción propuesta hasta ahora ha sido dejar los inmuebles.

Este caso ilustra un problema creciente en las grandes ciudades españolas, motivado por la presión del mercado inmobiliario, el auge de los pisos turísticos y la progresiva expulsión de los residentes tradicionales de los núcleos urbanos. Todo esto en un contexto de aumento de precios y escasez de oferta que complica el acceso a la vivienda.

¿Qué es el decreto de protección del alquiler y cómo opera?

El Gobierno de España ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que incluye una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Esta normativa permite a los inquilinos extender sus contratos hasta dos años adicionales manteniendo las mismas condiciones, siempre que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027.

Durante este tiempo, los propietarios están obligados a aceptar la prórroga, salvo en casos excepcionales, y no pueden aplicar incrementos de precio que superen los límites establecidos, muchas veces restringidos al 2%. El objetivo principal de la medida es mitigar el impacto del aumento de precios de alquiler y proteger a los hogares más vulnerables en un mercado tensionado.