El PP presentará mociones en todos los municipios de Madrid en contra de la condonación de deuda aprobada por Sánchez.

El Partido Popular de Madrid ha declarado su intención de presentar mociones de rechazo al anteproyecto de ley de condonación de deuda que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, y lo hará en todos los ayuntamientos de la región. El plan del Ejecutivo establece que el Estado asuma 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid, una medida que los populares denunciaron como “estafa” y como un acto de cesión ante las demandas del independentismo catalán.

El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, expresó durante las Jornadas del Grupo Parlamentario Popular en Arganda del Rey que la propuesta representa “un chantaje político” y una táctica “deliberada para castigar a Madrid por su modelo exitoso”. Serrano alertó que España se encuentra “en un momento grave” ya que “los cimientos del sistema están siendo vulnerados desde la Presidencia del Gobierno”.

Rechazo frontal a la quita

El PP argumenta que la condonación ha sido acordada entre el PSOE y ERC “sin consultar a las comunidades autónomas” y la ve como un paso hacia un “nuevo proceso independentista”. Por ello, las mociones que se presentarán en todos los municipios solicitarán al Gobierno que se reúna para negociar un nuevo modelo de financiación autonómica en los foros multilaterales establecidos, “respetando la autonomía fiscal de las comunidades y el principio de solidaridad”.

“Madrid no se vende, no se rinde y no acepta chantajes”, sostuvo Serrano, quien reiteró que su partido no permitirá que los madrileños “sean quienes paguen el derroche” de otras comunidades autónomas.

Debate político abierto

Mientras el PP critica la condonación como una “trampa” que perjudica a las regiones más cumplidoras, PSOE y Más Madrid defienden la medida como un alivio financiero para las comunidades autónomas. Estas formaciones argumentan que la reducción de deuda facilitará aumentar la capacidad de inversión pública y liberar recursos para servicios esenciales.

El debate se desarrolla en un contexto de intensa confrontación política en torno al sistema de financiación autonómica y la relación del Gobierno con los partidos independentistas.