Yolanda Díaz llamada a declarar por la denuncia de Julio Iglesias tras ser señalado como agresor sexual.


La Sección Civil del Tribunal de Instancia 58 de Madrid ha convocado a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz para el próximo día 19 a un acto de conciliación tras la demanda que el cantante Julio Iglesias presentó en su contra. El artista llevó a cabo su amenaza de solicitar compensaciones después de la denuncia interpuesta en su contra por dos ex empleadas de sus residencias.

Inició el proceso para demandar a Díaz por injurias, dado que en varias declaraciones públicas, ella afirmó que las acusaciones en su contra eran ciertas. «Ha perpetrado todas las violaciones de los derechos humanos de mujeres que, además, se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. Por lo tanto, condena absoluta, apoyo inmediato a las víctimas y estímulo para que sigan adelante», afirmó, por ejemplo.

Según un decreto al que accedió El Confidencial, se ha convocado a ambas partes con el aviso de que si la demandante no comparece, se considerará que ha desistido de la acción y se archivará, y si la requerida no lo hace, lo más habitual en estos casos, se considerará que la conciliación fue intentada. La defensa de Iglesias solicitaba que se celebrara este acto con el fin de que la vicepresidenta «reconozca expresamente el daño causado» luego de actuar con «claros prejuicios de culpabilidad». También esperan que se rectifiquen «las manifestaciones realizadas, en los mismos medios y franja horaria». Díaz condenó lo sucedido y pidió «contundencia». Incluso propuso la revocación de las medallas del cantante porque, dijo, su comportamiento «requiere una actuación ejemplarizante«.

Aunque, por el momento, no se ha realizado una evaluación económica de los daños, el cantante desea que la futura indemnización sirva para compensar «prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso». Entre las afirmaciones de la líder de Sumar, destacaba su afirmación de que mantenía a sus empleadas en condiciones de «esclavitud» y de haber diseñado una «estructura de poder basada en la agresión permanente».

Para ilustrar el daño, la demanda incluía un tuit de la vicepresidenta donde se refería a los «escalofriantes testimonios de las extrabajadoras» y aseguraba que dicha publicación «fue ampliamente comentada y compartida en redes sociales por los usuarios, además de generar noticias en otros medios que se hicieron eco de tales afirmaciones». También se reproducía una entrevista concedida a TVE.

Choclán resaltaba, además, las diferencias de reacción de Díaz en el caso del cantante en comparación con otras acusaciones como las formuladas contra Adolfo Suárez. «Llamó especialmente la atención la reacción de la entrevistada cuando, al ser cuestionada sobre un caso similar al que afecta a mi cliente, esto es las declaraciones de la empleada de una persona que ocupó un cargo político relevante en el pasado y falleció hace años, se abstuvo de hacer cualquier tipo de comentario, escudándose en el hecho de conocer tales informaciones, lo que evidenció un cambio de criterio radical respecto a lo manifestado hacia mi cliente».

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo respondió al cantante afirmando que continuará defendiendo a las mujeres trabajadoras. «Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no dejaré de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos», escribió la vicepresidenta este martes en su cuenta de la red social Bluesky.

Archivada la denuncia contra el cantante

La Fiscalía archivó las diligencias abiertas el pasado 23 de enero tras examinar su competencia y la jurisdicción española. La denuncia de las dos antiguas trabajadoras atribuía agresiones sexuales y un trato degradante. Tras revisar los hechos, el Ministerio Público consideró que no existía «territorialidad» ni ninguno de los requisitos del principio de personalidad activa o conexiones materiales exigidas.

En el decreto que cerró estas investigaciones iniciales, la fiscal recordaba que la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español, concretamente en la República Dominicana y las Bahamas, y que las personas denunciadas no residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, «independientemente de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias aquí». El asunto no fue judicializado y, por lo tanto, no se ha probado si Iglesias cometió o no los hechos.

La Sección Civil del Tribunal de Instancia 58 de Madrid ha convocado a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz para el próximo día 19 a un acto de conciliación tras la demanda presentada en su contra por el cantante Julio Iglesias. El artista llevó a cabo su amenaza de solicitar compensaciones después de la denuncia interpuesta en su contra por dos ex empleadas de sus residencias.

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