El Tribunal Constitucional pondrá fin esta semana al caso de Cerdán, quien está en prisión, mientras sus abogados planean nuevas acciones.

El ‘caso Koldo’ vuelve a cobrar protagonismo, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elabora dos informes patrimoniales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán para presentarlos al Tribunal Supremo. Esta semana, el Tribunal Constitucional decidirá si el último secretario de Organización del PSOE debe ser excarcelado. El ponente, el conservador José María Macías, ya ha preparado la resolución que debe ser validada por los magistrados Ricardo Enríquez, también conservador, y Juan Carlos Campos, progresista. A su vez, la defensa de Cerdán está preparando nuevos movimientos.

El órgano encargado de las garantías resolverá en una de las cuatro secciones que lo integran, porque, hasta el momento, nadie ha solicitado que la petición de amparo presentada por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo sea llevada al pleno (donde se encuentran todos los magistrados y habría una mayoría progresista) como un asunto de especial relevancia constitucional.

Cerdán presentó este recurso en julio, argumentando que su permanencia en el centro penitenciario de Soto del Real vulnera sus derechos, ya que no existe riesgo de destrucción de pruebas. Decidir en una sección implica que no todos los miembros del Tribunal tienen que pronunciarse, sino un grupo reducido de ellos (los mencionados anteriormente). En este sentido, fuentes del Constitucional consultadas por El Independiente indican que hay una gran cantidad de recursos de amparo que se inadmiten desde el inicio. «De cada 100.000 presentados, solo unos 100 son aceptados», señala una fuente.

Por ello, algunos consideran que el caso de Cerdán no será la excepción y podría terminar siendo inadmitido por esta sección, que actúa como filtro para el resto del Tribunal. Solo se requiere el voto favorable de dos miembros. En este caso, con Macías y Enríquez, ambos conservadores, bastaría para denegar la excarcelación del exsecretario de Organización del PSOE.

Si, en cambio, la decisión fuese de admisión, se necesitarían los tres votos favorables. En tal caso, el ponente debería elaborar una segunda propuesta respecto a la medida cautelar que implica la salida de prisión, con la intervención del Ministerio Público.

Sus abogados preparan nuevos movimientos

Su defensa no se rendirá y continuará intentando liberar a Cerdán de prisión, utilizando el argumento del tiempo, que juega a su favor. En estos meses, no se ha dictado ninguna medida por parte del Tribunal Supremo para garantizar la preservación de documentos o material que el exdiputado pueda tener. De hecho, su familia ha regresado a vivir a Navarra y la UCO nunca registró el piso que abandonaron en Madrid.

Fuentes cercanas a su entorno creen que es evidente que no existe riesgo de destrucción de pruebas, dado que los investigadores no han intentado «acceder» a tales pruebas. Por ello, representantes de su defensa han confirmado a este medio que esta semana planean presentar un nuevo recurso para que el juez instructor reconsidere su decisión y revocque la prisión provisional acordada el 30 de junio.

Anticorrupción esperará a la UCO

En cualquier caso, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción descartan modificar su postura sobre la prisión provisional en la que Cerdán se encuentra desde junio, a la espera de los nuevos datos que aporten los informes de la UCO. Dichas fuentes aseguran que la medida no se prolongará más allá de lo necesario para garantizar la investigación y evitar cualquier riesgo que desvíe a los investigadores de su tarea.

Entre los informes que aguarda el Tribunal Supremo, hay uno más inminente que, según fuentes citadas, se espera que esté listo este mes de septiembre y se refiere al patrimonio de José Luis Ábalos. La semana pasada, el Tribunal Supremo solicitó nuevos datos al Congreso de los Diputados y al PSOE sobre los pagos y donaciones del exministro de Transportes, cuyo patrimonio, según se indica, podría estar «entremezclado» con el de su exasesor Koldo García.

Más allá de la situación personal de Cerdán, esas fuentes anticipan que la investigación se prolongará, entre otras razones, por la gran cantidad de material incautado en los registros de febrero de 2024, cuando estalló el ‘caso Koldo’, así como en los realizados el pasado junio. Los informes patrimoniales, explican, son solo el comienzo.

También están pendientes varios informes sobre la compra de mascarillas y se espera que incluyan datos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Sin embargo, fuentes de la investigación enfatizan que actualmente no hay indicios para actuar contra ninguno de los dos integrantes del PSOE y sugieren que si se producen más imputaciones estarán más relacionadas con las empresas que realizaron pagos de comisiones irregulares.

La entrevista a su exmujer

El peligro para Ábalos no radica solo en el Tribunal Supremo. Este lunes se emitirá también en televisión una entrevista de su exmujer Carolina Perles, donde contará 20 años de matrimonio con el dirigente socialista. Ábalos ha presentado un escrito ante el Supremo solicitando que actúe ante la difusión de dicha grabación, argumentando que «podría perjudicar la percepción judicial del señor Ábalos».

«Según manifiesta [Perles], ha tenido acceso a documentación sensible de la época en la que Ábalos era parte del Gobierno, así como conversaciones personales y telefónicas que su exmarido [Ábalos] mantenía por su cargo», explica en su escrito. Además, Ábalos solicita investigar el origen de la información que afirma que tenía carpetas con fotos de mujeres en situación de prostitución.

Acusa directamente a la UCO de filtraciones, pero el juez Leopoldo Puente ha respondido de manera clara, afirmando que no hay «indicio alguno de mínima consistencia» que permita atribuir a la Guardia Civil «la supuesta filtración».

Puente también ha abordado el «linchamiento mediático» denunciado por Ábalos, al señalar que ha otorgado «plena verosimilitud a las noticias y documentos contenidos en la información que denuncia», asumiendo, «implícitamente al menos», que «la misma se incluiría en las evidencias digitales que fueron incautadas en el registro domiciliario». Le recuerda, además, que él ha concedido diversas entrevistas.

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