El Gobierno descarta tres iniciativas de universidades privadas y delega su creación a Madrid y Baleares | Educación

Los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han desestimado tres iniciativas de campus en Madrid (Universidad Internacional de las Artes y Felipe II) y Baleares (Universidad de Mallorca) debido a dudas sobre su viabilidad financiera y su enfoque docente e investigativo. Este lunes, esos informes negativos fueron respaldados en la comisión permanente de la Conferencia General de Política Universitaria, donde las comunidades del PP se abstuvieron, excepto Andalucía y Canarias (que coparticipan con Coalición Canaria), las cuales votaron en consonancia con el ministerio, según los resultados a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Dado que estos dictámenes no son vinculantes, la decisión de aprobar o no estos campus queda ahora en manos de los gobiernos de Madrid y Baleares, ambos del PP, que deberán discutirlo en sus parlamentos regionales.

Los expertos han dado su visto bueno, aunque con condiciones en lo que respecta al profesorado, a la Universidad Abierta de Extremadura, impulsada por el influyente grupo Planeta y con modalidad a distancia. Las 17 comunidades y el ministerio han votado a favor de la validación de este cuarto informe.

Se aplicará a estos cuatro proyectos el decreto Castells antes de ser modificado, ya que los informes, que superan las 3.000 páginas cada uno, estaban ya muy avanzados cuando el presidente Pedro Sánchez anunció el 31 de marzo un endurecimiento de los requisitos de calidad. La versión transformada del decreto destaca que las propuestas deberán recibir también una valoración positiva de la agencia nacional de evaluación ANECA o sus delegaciones autonómicas.

Otros ocho proyectos que han llegado al ministerio, pero de los cuales aún no se ha elaborado el informe, serán sometidos al nuevo decreto, que se espera aprobar a finales de septiembre en el Consejo de Ministros. Los plazos se están extendiendo porque todavía no han recibido el informe requerido del Consejo de Estado.

Tradicionalmente, los gobiernos autonómicos del PP suelen votar en contra de proyectos de comunidades bajo su control, confiando en el juicio de los técnicos del ministerio, pero en esta ocasión, a las puertas de un cambio en el decreto, han optado mayormente por abstenerse.

Universidad Internacional de las Artes

TAI, situada en el centro de Madrid, es un centro asociado a la Universidad Rey Juan Carlos especializado en interpretación, música y cine desde hace 52 años. Su objetivo es convertirse en la Universidad Internacional de las Artes. Los técnicos expresan dudas sobre su viabilidad con un capital social de un millón de euros: “Esto es insuficiente como garantía frente a terceros en caso de situaciones de riesgo”. Proponen un ejemplo: “Aula Abierta [la sociedad] indica que realizará una aportación inicial de 100.000 euros el primer año para tesorería y 900.000 euros para inversiones. Recordemos que el plan de inversión para el primer año es de 1.671.846 euros en total (activo intangible y activo material)”. Además, detallan: “Una de las sociedades promotoras ha experimentado pérdidas en los últimos años, mientras que la otra, a pesar de afirmar tener recursos propios, no los integra en la sociedad Aula Abierta, que asumirá la responsabilidad legal”.

Los técnicos critican la falta de convenios con instituciones para prácticas y consideran que el tamaño de la plantilla docente es muy escaso: “Es muy limitada, sería de un profesor o menos por grupo, insuficiente para atender a todo el alumnado”. Según los cálculos del promotor, contarían con 82 profesores a tiempo completo para 131 grupos de enseñanza.

También destacan que no existe una estrategia para atraer profesores para las titulaciones que desean implantar en ciencias sociales e ingeniería. TAI ya cuenta con profesorado de artes. El decreto Castells obliga a ofrecer tres áreas de conocimiento para evitar que actúen como un colegio de gran tamaño. Y el hecho de que el inmueble y el mobiliario sean alquilados también se percibe como una debilidad.

Ninguna comunidad del PP ha votado en contra del informe de los técnicos, ni Madrid. Diez se han abstenido, mientras que Andalucía y Canarias han votado a favor del dictamen.

Universidad Felipe II

Esta universidad está respaldada por la Universidad Autónoma de Chile y no se origina de un centro adscrito. Los técnicos consideran “insuficiente” su capital social. “Si se cubriera el 76% de la oferta, serían necesarios 17.009.060,18 euros para poner en marcha la universidad y para cubrir las pérdidas de los tres primeros años, siendo el capital social de la entidad que dotará de personalidad jurídica a la universidad de 4.003.600 euros”, explican los funcionarios. La documentación del banco, además, “no constituye un aval bancario, por lo que no se acreditan completamente las garantías financieras”.

“La disponibilidad de la futura sede universitaria del Palacio del Infante D. Luis en Boadilla [una localidad al oeste de Madrid] no está acreditada, ya que está pendiente de la convocatoria y resolución de un concurso público”, concluyen los expertos. También tampoco “ha quedado acreditada la voluntad de la empresa Naturgy de alquilar los espacios que albergarían al campus de Madrid”.

Los expertos aseguran que, salvo en el primer año, no se alcanza el 5% de los ingresos destinados a investigación, como exige el decreto Castells. Tras las alegaciones presentadas, a los expertos no les queda claro que los profesores dedicarán tiempo a la investigación.

“El proyecto carece de un plan detallado, bien estructurado y definido para la formación del profesorado”, se concluye también en el dictamen, que lamenta la ausencia de un contrato de alquiler de la supuesta sede. “No están garantizadas las prácticas académicas externas obligatorias para las titulaciones del ámbito sanitario”, denuncian los técnicos.

De las comunidades del PP, tres han votado en la línea del Gobierno (Canarias, Andalucía y Galicia) y el resto se ha abstenido, incluyendo Madrid, que promueve la iniciativa.

Universidad de Mallorca

El centro asociado ADEMA, enfocado en ciencias de la salud y Bellas Artes, aspira a convertirse en la Universidad de Mallorca, la primera privada de las Islas Baleares. En julio, anunció públicamente su desvinculación de la Universidad de Islas Baleares, pública, para asociarse bajo el nombre de Escuela Universitaria de Mallorca con la privada Isabel I de Burgos, un campus a distancia que ha obtenido resultados muy negativos en investigación y transferencia de conocimiento según el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Sin embargo, el cambio administrativo aún no se ha materializado.

“No documenta adecuadamente la solvencia financiera necesaria para llevar a cabo el proyecto”, se refleja en el informe. Además, especifica: “No se realizan estimaciones financieras en el supuesto de cierre de la universidad, ni se indican los posibles motivos que lo provocarían”. Según los técnicos, tampoco “se acredita el capital social de la entidad”, ni se presenta la escritura de constitución de esta.

La lista de deficiencias detalladas es extensa: sin suficientes másteres el primer año, sin convenios para prácticas externas en ciencias de la salud, con un número de despachos “muy limitado”, infraestructuras para investigación “manifiestamente insuficientes” y recursos “que son prácticamente inexistentes”.

Su intención es ofrecer los grados de Arquitectura, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Biomedicina, Medicina, Logoterapia, Ingeniería de Datos, Diseño y Sociología, entre otros. Pero Medicina, la joya de la corona de cualquier universidad, enfrenta una nueva competencia: el grupo San Pablo CEU. La Asociación Católica de Propagandistas invertirá 40 millones de euros en el Centro Universitario Beato Luis Belda, vinculado al CEU y centrado completamente en las ciencias de la salud, con Medicina como principal atracción. El Govern anunció su creación en mayo, tras el anuncio de Sánchez, pero antes del cambio en el decreto. De haberse atrasado la autorización del proyecto, habría necesitado un informe favorable de los técnicos del ministerio validado por los gobiernos autónomos.

Al igual que en los otros dos casos, Andalucía y Canarias han votado en contra. El resto de comunidades del PP se ha abstenido, incluyendo Baleares.

Universidad Abierta de Extremadura

El Grupo Planeta planea establecer un campus en Badajoz, pero con alumnos a distancia por todo el mundo. Los técnicos del ministerio han aprobado con condiciones lo que podría ser la primera universidad privada de Extremadura. Señalan la necesidad de un plan de formación para el profesorado, la garantía por escrito de las prácticas sanitarias y más información sobre la calidad del personal docente.

El gobierno de Extremadura espera la aprobación en el Parlamento regional, con el apoyo de Vox, de la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde), que cuenta con un informe desfavorable de la conferencia. La presidenta María Guardiola procede con cautela en ese caso y ha solicitado un informe, que no es necesario en otras comunidades, al Consejo de Estado.

También están a la espera en Extremadura, aunque probablemente se les aplicará la nueva legislación, el grupo CEU que desea abrir un campus on line en Jerez de los Caballeros (Badajoz) y la Universidad Europea, que aspira a uno presencial en Cáceres con Medicina como atractivo.

Desde 1998 no se ha inaugurado una universidad pública en España (la Politécnica de Cartagena). En total, hay 50. Frente a las 46 privadas autorizadas, que pronto serán mayoría si avance en los parlamentos regionales estos cuatro proyectos u otros anteriores que las autonomías han dejado pendientes con informes negativos de la conferencia.