El bloqueo a Israel perjudica la inversión en un software para el área cultural y el CSIC.

El veto impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez a las empresas de Israel podría comprometer una inversión millonaria realizada por el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, y el de Ciencia y Universidades, bajo la responsabilidad de Diana Morant. Ambas carteras contrataron a una empresa israelí para implementar su software en la gestión del catálogo de libros de la Biblioteca Nacional y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), respectivamente. El Ejecutivo perdería años de trabajo técnico dedicados a trasladar esos datos y casi 2 millones de euros invertidos en su desarrollo y mantenimiento.

Este lunes, el presidente del Gobierno anunció que se llevaría al Consejo de Ministros un real decreto ley que prohibiría la importación de productos «procedentes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania» con el fin de «combatir estas ocupaciones». El líder socialista incluyó esta medida en una serie de decisiones que se implementarán «de manera inmediata» para «frenar el genocidio en la Franja de Gaza».

Dicha decisión podría impactar varios contratos firmados por las administraciones públicas, que ahora se verían imposibilitadas de continuar adquiriendo servicios o productos previamente adquiridos. Un ejemplo es el software llamado Alma, que permite «albergar bases de datos de registros bibliográficos» y su gestión. La empresa desarrolladora de este sistema es la israelí Ex Libris.

Sumar alertó hace unas semanas que la sede de la compañía israelí se encuentra en Jerusalén, específicamente en el Malha Technology Park, donde el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sostiene que ocurrió la limpieza étnica de comunidades palestinas, calificando esa zona como un «territorio Palestino Ocupado» según una resolución de la Corte Internacional de Justicia.

Por lo tanto, Ex Libris sería una de las empresas que se verían directamente perjudicadas por el veto del Gobierno a las importaciones de productos «procedentes de los asentamientos ilegales», tal como fue anunciado por el partido aliado de Sánchez en el Ejecutivo.

Casi 2 millones en empresas israelíes

Los dos últimos contratos formalizados por la administración central con la sociedad israelí ubicada en esa polémica zona rondan casi los dos millones de euros. Esto incluye una licitación del Ministerio de Cultura para gestionar el catálogo de la Biblioteca Nacional, con un costo de 1,4 millones de euros, y otro para el CSIC, concretamente para el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por un valor de más de 200 mil euros.

En el caso de la Biblioteca Nacional, la cartera de Urtasun argumentó que «no había alternativa» para gestionar el actual catálogo bibliotecario. Cultura ha estado inmersa en un proceso de migración de datos desde el antiguo programa de gestión al sistema de la empresa israelí desde 2022.

Los documentos de contratación indicaron que la institución pública dependía de la empresa israelí para «mantener la integridad y operatividad del sistema actual sin incurrir en una nueva y compleja migración de datos y configuraciones». Además, se concluía que contratar a otra empresa para esta tarea implicaría «consiguientes costes y disrupciones».

«Una herramienta esencial»

Por su parte, el CSIC se enorgulleció en 2023 de haber implementado esta plataforma: «Alma ha sido una herramienta esencial para el acceso a recursos bibliográficos y científicos para nuestra comunidad investigadora y para la investigación en general».

Además, el organismo dependiente del Ministerio de Morant elogió este sistema por haber «evolucionado y mejorado en los últimos años para adaptarse a las necesidades cambiantes de la investigación y la gestión de bibliotecas». «Ha contribuido significativamente a la promoción del acceso abierto a la información científica», subrayaban.

Sin embargo, ahora ambas instituciones podrían quedar sin el software en el que han invertido millones de euros de fondos públicos debido al veto anunciado por el Gobierno de Sánchez a las empresas israelíes ubicadas en lo que se consideran «territorios palestinos ocupados».