El Tribunal Constitucional examinará esta semana el recurso de Cerdán relacionado con su encarcelamiento en el ‘caso Koldo’.
El Tribunal Constitucional (TC) revisará esta semana si acepta el recurso de amparo presentado por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en relación a su ingreso en prisión provisional por la supuesta trama del ‘caso Koldo’, vinculada al cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
La defensa de Cerdán presentó dicho recurso a finales de julio, justo antes de que la Sala de Vacaciones del TC comenzara a funcionar, por lo que el caso fue asignado a la Sección Segunda.
Esta Sección, compuesta por el magistrado progresista Juan Carlos Campo y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías, evaluará esta semana la admisibilidad del recurso impugnado por Cerdán, con base en un informe elaborado por el mismo, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.
Desde la sede de Domenico Scarlatti enfatizan que, por lo general, este tipo de recursos de amparo, que impugnan decisiones tomadas durante la instrucción, son inadmitidos de manera automática, lo que se considera lo más probable en este caso.
En su recurso, al que tuvo acceso esta agencia, Cerdán alega una violación de sus derechos fundamentales, argumentando que ha mantenido «siempre un comportamiento ejemplar» ante la Justicia.
Asimismo, destaca el trato desigual que ha experimentado en comparación con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes también están bajo investigación pero gozan de libertad condicional con restricciones que les impiden abandonar el país y les exigen comparecer regularmente ante el tribunal.
La defensa de Cerdán, representada por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, se dirigió al Constitucional tras la validación por parte de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) de la decisión del juez instructor, Leopoldo Puente, de encarcelarlo de manera provisional.
Cerdán fue encarcelado el 30 de junio en la prisión de Soto del Real (Madrid). El Supremo considera que existe un riesgo de destrucción y alteración de pruebas, manipulación de testigos e incluso la posibilidad de que oculte fondos.
El alto tribunal ha señalado este riesgo ante los «indicios sólidos» de que Cerdán desempeñaba un «rol directivo» en la supuesta trama, lo que le otorgaría un conocimiento privilegiado sobre los que pagaban y recibían comisiones, así como sobre la ubicación del dinero.
SIN CAMBIOS INMINENTES
Las fuentes de la investigación descartan cualquier modificación inmediata respecto a la prisión provisional de Cerdán, subrayando que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, conocido en junio y que motivó su encarcelamiento señalándolo como presunto líder de la trama, es solo el punto de partida.
En este contexto, resaltan que aún se encuentra pendiente el informe patrimonial que el instructor solicitó a la UCO sobre Cerdán. La semana pasada, el Supremo solicitó información adicional al Congreso de los Diputados, al PSOE, al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagro sobre los pagos y donaciones relacionados con el ex ‘número tres’ del partido socialista.
Las fuentes anticipan que el informe sobre la situación económica-financiera de Cerdán tardará en llegar, aunque prevén que el relativo a Ábalos esté listo en las próximas semanas.
Sin embargo, indican que la permanencia de Cerdán en prisión no debe extenderse más allá de lo necesario para proteger la investigación, por lo que deberá ser liberado una vez desaparezca el riesgo que motivó su encarcelamiento. Aún no se disponen de plazos definidos al respecto, aseguran.
Aparte de la situación personal de Cerdán, las mencionadas fuentes prevén que la investigación será prolongada, en parte debido al gran volumen de material incautado durante los registros de febrero de 2024, cuando se originó el ‘caso Koldo’, y en los realizados el pasado junio.
AMNISTÍA Y ‘PROCÉS’
Por otra parte, en el Pleno que se celebrará desde este martes, el TC decidirá si admite los recursos de amparo interpuestos por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del Supremo de no otorgarles la amnistía por la malversación relacionada con el ‘procés’.
Es importante recordar que el Constitucional ya aceptó los recursos presentados con el mismo objetivo por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa.
Todos ellos solicitaron medidas cautelares. En el caso de Puigdemont, demandó de forma urgente la revocación de la orden de detención nacional. Junqueras, por su parte, pidió el levantamiento de su inhabilitación. Respecto a Junqueras, el TC optó por abrir una pieza separada para su análisis. Fuentes de la corte de garantías subrayan que es «común» solicitar tales medidas, pero «muy raro» que sean concedidas.



