La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario le dio a Alvise se utilizaron, sin duda, para financiar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, que investiga la presunta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe en el que “considera como veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo dijo haber entregado al agitador ultra fueron destinados a financiar parte de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que logró 800.000 votos y tres escaños. El informe policial enfatiza que “resulta a todas luces evidente que el propósito subyacente en la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, que además deben ser opacos en el sentido de no declarados y de origen difuso, buscando que no sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera haber sido mayor, ya que el propio Alvise menciona en un mensaje intervenido que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise testificó sobre este asunto en el Supremo en julio pasado y, durante su declaración, admitió que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó haber utilizado ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación electoral. Fuentes presentes en su declaración indicaron que Alvise aseguró que había usado la mitad de ese dinero para gastos personales y viajes profesionales, mientras que la otra mitad estaba guardada. Romillo, quien declaró después de Alvise, desmintió esa versión y, según las mismas fuentes, afirmó que siempre se dejó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda el testimonio del empresario y destaca que “no hay dato alguno” que vincule la entrega de ese dinero con “la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias adscritas, como había manifestado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, que fueron recuperados por la Policía en el teléfono de Romillo. Tras verificar que no han sido manipulados, los investigadores destacan que de ellos se desprende que el agitador ultra hace notar a Romillo “la potencialidad” de su colaboración. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente, y yo financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal”, se lee en uno de los mensajes.

El político detalla sus “necesidades”, mencionando “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que no puede sufragar de su bolsillo “por la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra también señala que tiene que “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido] esto también me viene bien para financiar la aventura política […] En cash es irrastrable, sí”, dice en otro mensaje.

En cuanto a Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes apuntan que actúa motivado por intereses empresariales y “no tiene como propósito directo financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, ayudando a su logro”. Según la Policía, la “principal motivación” del empresario son “sus expectativas de negocio de cara a involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de lucrarse consecuentemente”. El informe policial subraya que, “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario expuso a Alvise “las diferentes posibilidades para mover capitales sin que sean trazables por las instituciones fiscalizadoras, ni detectadas como financiamiento de su campaña electoral”.

De este modo, los agentes agregan que dos días antes de la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le propuso que el dinero que reciba SALF, materializado en criptomonedas, “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de modo que los pagos recibidos por SALF en diversas wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo sean siempre gestionados por este, quien tendrá la clave privada […] para operar”. De esta forma, apuntan los agentes, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien sugiere a Alvise publicar en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía explica que la actuación de Alvise, “consistente en introducir capitales en una sociedad simulando que es una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada”. Se trata, básicamente, de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, que tiene luego el derecho de canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, produciéndose una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―detalla el informe― oculta la verdadera intención de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, de las tres causas que tiene abiertas en el Supremo, la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, se le investiga por difundir una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por varios mensajes enviados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, pueden constituir un delito de acoso.