La Policía determina que los 100.000 euros aportados por un empresario a Alvise fueron, evidentemente, utilizados para respaldar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, que investiga la presunta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe en el que “considera veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo afirmó haber entregado al agitador ultra fueron destinados a financiar parte de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, donde obtuvo 800.000 votos y tres escaños. El informe policial subraya que “es evidente que el objetivo fundamental de la actuación de Luis Pérez Fernández es obtener fondos para su campaña electoral, los cuales deben ser opacos, no declarados y de origen incierto, evitando así la fiscalización del Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad final entregada pudiera haber sido mayor, ya que Alvise menciona en un mensaje interceptado que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise compareció en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, aunque negó que dicha suma fuera para financiar su campaña electoral de 2024. Fuentes presentes en su declaración indicaron que Alvise afirmó haber utilizado la mitad de ese dinero para gastos personales y algunos viajes profesionales, mientras que la otra mitad la mantenía guardada. Romillo, quien declaró después que Alvise, contradijo esa versión y, según las mismas fuentes, enfatizó que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda el testimonio del empresario y destaca que “no hay evidencia que relacione la entrega de ese dinero con la prestación de algún servicio a Álvaro Romillo o a sus estructuras empresariales, como había afirmado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería Signal, que la Policía recuperó del teléfono de Romillo. Tras verificar que no han sido alterados, los investigadores resaltan que estos mensajes muestran que el agitador ultra sugiere a Romillo “la viabilidad” de una colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos pueden llegar a una audiencia mucho mayor, y yo podría financiar con seguridad mi campaña sin la problemática de la persecución estatal”, se lee en uno de esos mensajes.

El político detalla sus “necesidades”, entre las que menciona “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que no puede asumir de su propio bolsillo “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra también añade que debe “hacer frente a ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos del gobierno)”. “Como no voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], eso también me ayuda a financiar la aventura política […] En cash es irastreable, sí”, menciona en otro mensaje.

En cuanto a Romillo, conocido en Internet como Luis CryptoSpain, los agentes indican que sus acciones están guiadas por intereses puramente empresariales, “no siendo su objetivo principal financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, contribuyendo a su logro”. Según la Policía, el “motivo primordial” del empresario son “sus expectativas de negocio al involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “esperando beneficiarse de ello”. El informe policial enfatiza que, “en múltiples ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario presentó a Alvise “diversas posibilidades de mover capital sin que sean detectados por las instituciones fiscales como financiación de su campaña electoral”.

Así, los agentes detallan que dos días antes de la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió que el dinero recibido por SALF en criptomonedas “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de manera que los pagos que reciba SALF en diversas wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo sean gestionados únicamente por él, ya que es quien tiene la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, añaden los agentes, “todas las contribuciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien indicó a Alvise que publicara en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía sostiene que el modus operandi de Alvise, “que consiste en introducir capital en una sociedad simulando que es una operación económica real”, ha sido “utilizado en numerosas ocasiones por la criminalidad organizada”. Esencialmente, se trata de “simular que el dinero entrante es un préstamo otorgado por un tercero, quien luego tiene derecho a canjearlo por participaciones en la sociedad limitada, provocando una ampliación del capital social […]. Este movimiento, según el informe, oculta la verdadera intención de los actores, que en este caso es usar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, de las tres causas abiertas en el Supremo, la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, se le investiga por la difusión de supuestas pruebas falsas de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por varios mensajes dirigidos a la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, pueden constituir un delito de acoso.