La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario entregó a Alvise fueron claramente destinados a financiar su campaña | España
La Policía Nacional ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, quien investiga la presunta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe en el que se considera “veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo dijo haber entregado al activista ultra se destinaron a financiar parte de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que obtuvo 800.000 votos y tres escaños. El informe policial destaca que “es evidente que la intención detrás de la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para la campaña electoral, que deben ser opacos y no declarados, buscando que no sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la suma finalmente entregada pudiera ser mayor ya que Alvise mencionó en un mensaje intervenido que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros.
Alvise declaró sobre este tema en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, reconoció que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó haber utilizado ese dinero para la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación. Fuentes que asistieron a la declaración informaron que Alvise afirmó haber usado la mitad de esa suma para gastos personales y viajes profesionales, y que la otra mitad la tenía guardada. Romillo, quien declaró tras Alvise, desmintió esa versión y, según esas mismas fuentes, aseguró que siempre fue claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda la versión del empresario y subraya que “no existe información que vincule la entrega de ese dinero con la prestación de servicios por parte de Alvise a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias, como había manifestado Alvise Pérez”.
El informe policial, fechado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, analiza los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería Signal, que fueron recuperados por la Policía en el teléfono de Romillo. Tras verificar que no han sido manipulados, los investigadores destacan que estos mensajes muestran que el activista ultra señala a Romillo “la potencialidad” de su colaboración. “Con un buen acuerdo, tus proyectos podrían llegar a mucha más gente, y yo podría financiar mi campaña con seguridad y sin la problemática de la persecución estatal”, se lee en uno de los mensajes.
El político detalla sus “necesidades”, mencionando “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que no puede cubrir de su propio bolsillo “por la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra también menciona que necesita “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (por corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como no voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], eso también me ayuda a financiar la aventura política […] En cash es irrastrable, sí”, afirma en otro mensaje.
En cuanto a Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes indican que actúa por intereses puramente empresariales, “no siendo su objetivo directo financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, apoyando su consecución”. Según la Policía, la “principal motivación” del empresario son “sus expectativas de negocio al involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de beneficiarse de ello”. El informe policial subraya que “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes” el empresario expuso a Alvise “diversas posibilidades para mover capitales sin que sean detectados por las instituciones fiscalizadoras, ni considerados como financiación de su campaña electoral”.
De este modo, los investigadores señalan que dos días antes de la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo sugirió que el dinero recibido por SALF en criptomonedas “fuera compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de tal manera que los pagos que reciba SALF en varios wallet [monederos virtuales] controlados por Romillo sean siempre supervisados por él, puesto que será quien tenga la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, explican los agentes, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.
La Policía detalla que el método de actuación de Alvise, “que consiste en introduir capitales en una sociedad simulando que es una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizado por la criminalidad organizada”. Básicamente, “simula que el dinero entrante es un préstamo de un tercero, que luego tiene derecho a canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, lo que resulta en una ampliación de capital […]. Este movimiento ―indica el informe― oculta la verdadera intención de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar la agrupación electoral SALF”.
Actualemente, esta es una de las tres causas que enfrenta Alvise en el Supremo, investigándose por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos causas, se le investiga por difundir una supuesta prueba falsa de COVID del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por varios mensajes lanzados a través de Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que según el alto tribunal pueden constituir un delito de acoso.


