¿Por qué el Gobierno no modifica el modelo del Consejo General del Poder Judicial?
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- 12 de septiembre de 2025
Han pasado quince meses desde que el Gobierno y el PP se comprometieron en Bruselas a modificar el modelo de elección del Consejo del General Poder Judicial (CGPJ) y ese compromiso se ha ignorado por completo. Esta situación genera inquietud en el Consejo de Europa, que ya ha publicado diversos informes alertando sobre la degradación de la calidad democrática en España en los años recientes. Por esta razón, como adelantó El Confidencial, en junio pasado decidieron enviar a Madrid una delegación de alto nivel de la Comisión de Venecia, la cual supervisa el cumplimiento de estándares democráticos.
La agenda es amplia e incluye reuniones en Madrid en los sectores judicial y político. Por un lado, se reunirán con los vocales del CGPJ, tanto de tendencia conservadora como progresista; cuatro juristas; todas las asociaciones de jueces y fiscales; el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y, crucialmente, con miembros de la sala de gobierno del Tribunal Supremo (TS). Por otro lado, se llevarán a cabo reuniones con el Ministerio de Justicia y con senadores, estas últimas serán independientes entre cada grupo parlamentario.
Los juristas incluyen al catedrático de Derecho Constitucional y exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Aragón; al director de la Fundación Hay Derecho, Segismundo Álvarez; al catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra Salcedo, y a la exconsellera de Justicia de la Generalitat Gemma Ubasart. Los dos primeros fueron propuestos por los vocales conservadores y los dos últimos por los progresistas.
Aunque el viaje tiene una finalidad específica relacionada con el CGPJ, se produce en un contexto de confrontación política y judicial entre los poderes Ejecutivo y Judicial, a raíz de los ataques del Gobierno a los jueces que investigan al entorno del presidente, Pedro Sánchez, y debido a las reformas que el Ministerio de Justicia intenta aprobar, encontrando resistencia mayoritaria de las carreras judicial y fiscal. Además, la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su negativa a dimitir es un tema que, según fuentes consultadas, se comunicará a los cinco relatores de la Comisión de Venecia.
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Además, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa señala desde hace años la falta de voluntad de España para incrementar la autonomía del jefe del Ministerio Público y reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de revisar, entre otros aspectos, el sistema de nombramiento del cargo ocupado actualmente por Álvaro García Ortiz.
El informe final que redacte el equipo de relatores se discutirá y aprobará en Venecia el 9 y 10 de octubre, tras escuchar las alegaciones de quienes fueron entrevistados a un primer borrador que recibirán en las próximas semanas. Además, durante ese pleno, la institución celebrará los 25 años de su creación. Fuentes de la Comisión de Venecia indican que, a la espera de desarrollar la visita, este organismo se inclina más hacia la idea que promueve el modelo conservador, «que los jueces elijan a los jueces», en contraste con la perspectiva progresista. «Esos son los estándares europeos», aseguran.
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La delegación que llegará a España estará compuesta por cinco miembros de la Comisión: la directora y secretaria, Simona Granata-Menghini; Taras Pashuk, jefe de división; Marta Cartabia (Italia), Regina Kiener (Suiza) y François Seners (suplente de Francia). Tanto Cartabia como Kiener formaron parte de la delegación que visitó España para interesarse por la ley de Amnistía, en respuesta al rechazo suscitado en los círculos jurídicos.
El Consejo de Europa es un organismo independiente de la UE que agrupa a 46 estados miembros. A sus inquietudes sobre la evolución del modelo democrático en España se suman las que existen en la propia Unión. El 8 de julio, el informe anual sobre la situación del Estado de derecho en los diferentes países de la Unión Europea señaló, en su apartado dedicado a España, que “la contratación pública, la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave con alto riesgo de corrupción”. En dicho informe, la Comisión Europea advierte que «el Gobierno está obligado por ley a adoptar una estrategia global para prevenir y combatir la corrupción, pero aún no se ha comenzado a trabajar en ello».
El bloqueo del nuevo modelo
El estancamiento en el CGPJ respecto al cumplimiento del compromiso asumido por Bolaños y González Pons con la Unión Europea se debe a que se requiere el voto afirmativo de 13 de sus 20 vocales, lo que implica un acuerdo entre los dos bloques de 10. Por tal motivo, el pleno que se realizó justo antes de que se agotara el plazo de seis meses, a finales de 2024, incluyó las dos propuestas. El inconveniente radica en el método de elección de 12 de estos 20 vocales, ya que los otros ocho son designados por el Congreso y el Senado.
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La propuesta del bloque conservador sugiere que estos 12 vocales sean designados a través de elección directa por los jueces, sin la intervención del Parlamento, que no tendría ningún rol en el proceso. Para ello, se podrían presentar candidatos individuales siempre que obtengan 25 avales o uno de una asociación profesional. Por su parte, el bloque progresista acepta que los jueces participen en la elección de los 12 vocales, pero dicha selección debería ser respaldada por las Cortes, permitiendo así cierto papel al Congreso y al Senado en el proceso. Su propuesta establece que los candidatos deben contar con 30 avales y contempla una fase posterior donde se remitirá una lista con los más votados al Parlamento.
Han pasado quince meses desde que el Gobierno y el PP se comprometieron en Bruselas a modificar el modelo de elección del Consejo del General Poder Judicial (CGPJ) y ese compromiso se ha ignorado por completo. Esta situación genera inquietud en el Consejo de Europa, que ya ha publicado diversos informes alertando sobre la degradación de la calidad democrática en España en los años recientes. Por esta razón, como adelantó El Confidencial, en junio pasado decidieron enviar a Madrid una delegación de alto nivel de la Comisión de Venecia, la cual supervisa el cumplimiento de estándares democráticos.