El Banco de España reintegrará su terreno de 1.100 metros cuadrados en la Sierra de Madrid y desiste de litigar contra el Gobierno de Ayuso | Noticias de Madrid

El Banco de España sostiene que la concesión de suelo de 1920 que le permitió construir, a partir de 1945, un albergue de 1.100 metros cuadrados y varias plantas para sus empleados en el corazón de la sierra VIP de Madrid, ha finalizado. Por ello, «tiene interés en devolver los terrenos ocupados». Este planteamiento, comunicado por un portavoz de la institución supervisora, coincide con la postura del gobierno regional, que considera que el permiso para usar los terrenos ha caducado, lo que representa una situación excepcional. Tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento más afectado (Cercedilla), se preparan para un prolongado enfrentamiento administrativo y legal en defensa de los intereses de los 900 perjudicados por la orden de devolver a las administraciones públicas chalets de lujo, pisos, garajes o restaurantes construidos bajo una cesión de suelo que se decidió en la época de Alfonso XIII, el Africano.

“El Banco considera que la concesión se ha extinguido y tiene interés en devolver los terrenos ocupados”, explica un portavoz del organismo regulador sobre una propiedad construida después de obtener un permiso del receptor original de la autorización temporal de uso de la parcela, la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico. “Tras expirar el plazo de la concesión del derecho de ocupación de las parcelas del Albergue de Navacerrada, y dado que el Albergue se encontraba cerrado y sin uso, se llevaron a cabo gestiones ante el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para informar del interés del Banco en la devolución efectiva de los terrenos”, añade. “Finalmente, se inició el expediente de declaración de caducidad de la ocupación temporal, otorgada en beneficio de la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, por cumplirse el plazo, y el Banco y la Mutualidad de empleados están personados, en su condición de interesados”.

Los muros de este edificio ubicado en el Puerto de Navacerrada, con una superficie de 1.129,3 metros cuadrados, se alzan como testigos del pasado. Fue en 1945, durante los inicios de la dictadura de Franco, cuando el Banco de España obtuvo el derecho de ocupación de la finca.

En la década de los 50 del siglo XX, casi 400 trabajadores se hospedaban allí en régimen de pensión completa, o acudían a la sierra para almorzar en sus instalaciones durante los días festivos. En 1979, un convenio obligatorio establecía que la empresa promoviera “actividades recreativas en favor de los empleados”, de acuerdo con el Boletín oficial del Estado. Cuando los trabajadores subían a esquiar, podían disponer de casi una cincuentena de estancias. Además, con el fin del verano, daba inicio la primera cita montañera de la temporada, el trofeo García Carrasco, en homenaje a un técnico del Banco encargado de la instalación, y organizado por el grupo de montaña del Banco de España.

Sin embargo, las puertas de la propiedad del Banco de España han permanecido cerradas desde al menos 2010. Su interior está cubierto de polvo, y su exterior genera gastos: el banco debe asegurar un mínimo mantenimiento y el servicio de seguridad ya le cuesta más de 28.000 euros, según informa el portal de contratación del Estado.

“Está en avanzado estado de deterioro, pero no de ruina”, puntualizan desde la institución, que ya en 2019 calculó en 90.000 euros el coste de demoler la infraestructura, ante la posibilidad de que se exija devolver el terreno en su estado original.

No es esa, por ahora, la situación del resto de propietarios afectados por la finalización de la concesión de suelo. A ellos se les exige que entreguen las llaves de sus chalets, pisos, garajes y restaurantes en perfecto estado. Es decir, con la hipoteca pagada y todo listo para ser utilizado. Esta resolución de la administración regional ha provocado, hasta ahora, al menos 329 recursos de reposición y, por el momento, 43 recursos contenciosos administrativos contra la salida de los 900 afectados de sus viviendas.

Y hay mucho en juego: alrededor de 90 chalets en Cercedilla y aproximadamente 360 apartamentos en el Puerto de Navacerrada. Un conflicto enquistado durante décadas cuya resolución se ha acelerado desde el otoño de 2024.

Pulso legal

Primero, la Comunidad determinó que la concesión estatal de 1920 a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico había caducado, la cual, a su vez, había concedido permisos a terceros para la construcción de sanatorios de altura que nunca llegaron a materializarse como tales. Ese es el origen de los actuales chalets y pisos, así como del albergue. Luego, la Administración ordenó que los ocupantes de los edificios entregaran las llaves.

Desde entonces, se ha establecido un pulso legal. La Comunidad de Madrid tiene la intención de contratar por 350.648,14 euros un servicio de asesoría técnica y jurídica para ayudarle con la burocracia administrativa y legal. Por su parte, el Ayuntamiento de Cercedilla ha licitado otro contrato de asesoría jurídica de casi tres millones de euros, ya que el caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Un camino que el Banco de España, como parte del sector público, desea evitar, según indica un portavoz. Por eso está dispuesto a entregar el albergue que en su momento alojó los sueños de invierno y montaña de sus empleados.