El juez Peinado acusa a varios ministros de cuestionar su labor en el caso de Begoña Gómez.



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El juez Juan Carlos Peinado, que preside el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid y que está llevando a cabo la investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha presentado varias querellas.

Entre los denunciados se encuentran cargos políticos y periodistas, según reportan diversas fuentes, incluyendo el medio digital ‘El Confidencial’.

El magistrado entiende que las afirmaciones realizadas en su contra atentan contra su derecho al honor.

Como primer paso en estos procesos, ya se han organizado actos de conciliación en varios juzgados de primera instancia.

‘El Confidencial’ informó este sábado que entre los querellados se encuentra Óscar Puente, ministro de Transportes y uno de los críticos más vehementes contra la investigación liderada por Peinado.

Posibles resultados

Si los actos de conciliación no llegan a un acuerdo -y es relevante señalar que los querellados no están obligados a asistir-, el juez Peinado podría decidir seguir adelante con acciones legales.

Entre las alternativas procesales, podría optar por la vía civil para defender su derecho al honor o iniciar procedimientos penales por supuestos delitos de injurias y calumnias.

La indagación liderada por Peinado comenzó en abril de 2024 y se enfoca en presuntos delitos cometidos por Begoña Gómez, incluyendo tráfico de influencias, corrupción empresarial, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Sin embargo, esta pesquisa ha sido objeto de múltiples críticas tanto dentro como fuera del ámbito judicial.

Recientes decisiones judiciales

La Audiencia Provincial de Madrid ha restringido en varias ocasiones la acción del juez Peinado, quien recibe cuestionamientos tanto de la Fiscalía como de las defensas implicadas en el caso. Asimismo, varios cargos políticos han manifestado públicamente su desacuerdo con su gestión.

Una de las decisiones más controversiales que Peinado tomó recientemente fue solicitar a la Moncloa los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018 para ser revisados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta acción ha suscitado el rechazo tanto de la afectada, que ha apelado la incautación, como de la Fiscalía, que la considera “totalmente desproporcionada”.

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