El juez ha tomado una decisión trascendental en el caso de los detenidos por el escándalo de las mascarillas. Tras una intensa jornada de declaraciones, ha retirado el pasaporte al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a los demás implicados, concediéndoles la libertad provisional. Esta medida cautelar se ha tomado en medio de una investigación que ha sacudido la opinión pública, revelando presuntas irregularidades en la gestión de contratos relacionados con la adquisición de material sanitario. El caso mascarillas ha generado un profundo debate sobre la transparencia en las contrataciones públicas, y la decisión del juez marca un nuevo capítulo en este controvertido asunto.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas, ha resuelto la liberación de Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, así como de su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para Koldo García ni para los otros detenidos por presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.
El juez de instrucción ha decidido otorgarles la libertad, aunque ha impuesto medidas como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a un asesor de Ábalos por su presunta implicación en actos de corrupción relacionados con la compra de mascarillas.
En total, cuatro de los catorce detenidos por posibles sobornos en contratos durante la crisis del Covid-19 han sido puestos a disposición judicial. Las investigaciones apuntan a contratos fraudulentos destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado a una serie de arrestos por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a unas veinte personas. Los registros domiciliarios realizados en varias provincias españolas han revelado importantes evidencias en torno a los contratos fraudulentos, cuyo monto supera los 50 millones de euros.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas y el Gobierno se ha comprometido a colaborar en las investigaciones. La trama de corrupción en contratos de emergencia para la adquisición de material sanitario durante la pandemia ha puesto en evidencia posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos, afectando a diversas administraciones públicas.
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