El juez ha tomado la decisión de retirar el pasaporte y conceder la libertad provisional al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos relacionados con el caso de las mascarillas. Esta medida cautelar se ha aplicado tras las declaraciones de los implicados en el presunto delito de corrupción. La investigación ha arrojado luz sobre posibles irregularidades en la gestión de contratos públicos relacionados con la compra de material sanitario durante la crisis del COVID-19. La decisión del juez de retirar el pasaporte responde a la necesidad de garantizar la presencia de los implicados en el proceso judicial, a la espera de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido poner en libertad a Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado al juez el ingreso en prisión de ninguno de los detenidos, incluido Koldo García, exasesor de Ábalos.
El magistrado ha impuesto la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Las detenciones, realizadas por la Guardia Civil en el marco de una investigación por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, han involucrado a altos cargos y empresarios.
En este contexto, las investigaciones también han afectado a otros sectores de la administración pública, como el Ministerio del Interior, donde se firmaron contratos por un valor significativo. La trama de presuntas mordidas en contratos de emergencia durante la pandemia ha generado un montante que supera los 50 millones de euros, según estimaciones de los investigadores.
La operación sigue abierta y podría haber más detenciones en las próximas horas. Las autoridades han tomado medidas como la retirada de pasaportes y la imposición de comparecencias periódicas, para garantizar la continuidad de la investigación. El caso ha generado interés público y político, con exigencias de explicaciones y colaboración por parte del Gobierno.
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