En una decisión que ha causado revuelo en el ámbito judicial, el juez ha retirado el pasaporte y ha concedido la libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros implicados en el caso de las mascarillas. Esta medida se ha tomado tras una intensa jornada de interrogatorios en la que se han esclarecido algunos detalles sobre las presuntas irregularidades cometidas. La liberación de los detenidos, aunque con restricciones como la retirada de sus documentos de viaje, ha generado controversia y ha puesto en entredicho la gestión de este polémico asunto. La investigación continúa su curso, y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre este escandaloso caso.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas, ha tomado la decisión de poner en libertad a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, así como a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, quienes han comparecido ante el juez por presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.
El magistrado ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado. Los otros tres detenidos en este caso son el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe.
La Guardia Civil detuvo a estos individuos, entre ellos el exasesor de Ábalos, por presunta corrupción en la compra de mascarillas destinadas a diferentes organismos públicos durante la crisis del Covid-19. Se realizaron registros y se investigó a diversas personas, incluido el secretario de Estado de Seguridad y otras autoridades.
La investigación, llevada a cabo por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha derivado en la detención de 14 personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a un total de 20 individuos. Los contratos bajo sospecha superan los 50 millones de euros y han sido firmados por entidades públicas como el Ministerio del Interior.
La trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia ha generado preocupación, y partidos políticos como el PP han exigido explicaciones al Gobierno. Las investigaciones continúan en curso, y se espera que se produzcan más detenciones en relación con este caso que sigue bajo secreto judicial.
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