Podemos no logra extender la causa relacionada con las investigaciones policiales en su contra.

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por Podemos para ampliar la investigación judicial que examina las pesquisas policiales llevadas a cabo sobre el partido morado durante el gobierno de Mariano Rajoy.

El tribunal ha confirmado la exclusión de los hechos vinculados a la Fundación CEPS, el precursor de la formación política morada, al considerar que eran previos a la adquisición de la condición parlamentaria de sus dirigentes.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, en un auto publicado por OKDIARIO, ha ratificado la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5, liderado por Santiago Pedraz. El tribunal ha destacado que la mencionada fundación «no era más que el antecedente de lo que posteriormente se convertiría en el partido político Podemos».

La resolución judicial recuerda que la querella fue admitida «solamente parcialmente». De esta admisión se excluyeron expresamente varios temas, incluyendo «la revelación a periodistas de investigaciones prospectivas llevadas a cabo sobre la Fundación CEPS».

Podemos había argumentado la «utilidad de la diligencia». En concreto, se referían al viaje de un alto cargo de Interior a Nueva York para reunirse con un confidente.

Los apelantes también mencionaron la denominada Operación Bolívar, que, según su versión, «nace de la entrega de la DAO a la UDEF de cierta documentación aparentemente en un sobre, sin membrete ni firma y sin dejar ningún tipo de constancia, de forma ciertamente irregular».

No obstante, el tribunal ha sido contundente al señalar que «la denominada Operación Bolívar no es objeto de esta causa de investigación, por lo que la ampliación solicitada podría considerarse prospectiva».

Pedraz sigue adelante

Al mismo tiempo, el juez Santiago Pedraz continúa avanzando en esta investigación que se va desdibujando poco a poco. La paradoja es que Podemos lanza su ofensiva judicial precisamente contra este magistrado que lleva su caso en lugar de archivarlo. Critican al instructor por abrir diligencias previas por los ataques a los ciclistas de La Vuelta a España 2025.

En relación con el caso de Podemos, los testimonios recabados indican prácticas policiales rutinarias. Un agente de la Policía Nacional ha reconocido recientemente que realizó búsquedas sobre Pablo Iglesias «debido a una investigación en la que se involucraba presuntamente» al ex dirigente Miguel Urbán «en una transacción de droga». El policía ha aclarado que dichas búsquedas fueron realizadas «a instancias de su jefe de grupo» y que «se trata de una acción normal en este tipo de operativas».

El investigado niega que se haya llevado a cabo una investigación prospectiva sobre Iglesias. El agente destacó que «no hay ningún protocolo que indique cómo proceder en estas búsquedas, y que la única variación es que, en el caso de Urbán o Iglesias, ambos eran políticos».

Por su parte, el inspector Bonifacio Díaz negó rotundamente ante el juez «haber realizado investigaciones ilegales a cargos de Podemos». En su declaración como investigado, Díaz afirmó que «nunca ha vulnerado la inviolabilidad de los cargos electos de la formación morada».

El inspector también se refirió a los viajes que realizó, asegurando que siempre que se desplazó fue por orden de sus superiores. Esto contradice las acusaciones sobre sus viajes a Estados Unidos para obtener información comprometedora contra Podemos.

El Ministerio Fiscal se había opuesto al recurso de Podemos. «En este momento, no se puede determinar si debe ampliarse el objeto de la querella a los hechos relativos a la Fundación CEPS, inicialmente excluidos de la admisión de la querella», subrayaban.

La investigación original se centra en las presuntas pesquisas prospectivas realizadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la mal llamada guerra sucia de las cloacas de Interior. Podemos sostenía en su querella que los investigados «se ocupaban de llevar a cabo investigaciones ajenas a cualquier interés policial, sin control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».

La formación afirmó que Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, «daba cuenta periódicamente al entonces ministro del Interior, aprovechándose de su condición de autoridad pública y contando con la colaboración de agentes policiales».

Los magistrados también recordaron que para que se pueda hablar de conexidad delictiva «será necesario que los hechos y las conductas que pueden subsumirse sean objeto de investigación en el proceso en cuestión, lo que no ocurre en este caso».

Fuentes jurídicas consultadas explican que esta causa se está desinflando progresivamente, señalando que muchas de las investigaciones realizadas fueron «lógicas» desde la perspectiva de la seguridad. Apuntan que cualquier político que se aloja en hoteles debe tener su expediente verificado por su propia seguridad.

La resolución, que es firme y no admite recursos, representa un revés judicial para las aspiraciones de Podemos de ampliar el objeto de la investigación. Mientras tanto, las declaraciones de los agentes investigados parecen apuntar hacia actuaciones reglamentarias, lo que podría debilitar progresivamente la tesis acusatoria del partido de Iglesias.