Una década de filtración de información a criminales.

Cuando la Policía arrestó a Javier Luis M. M., pensaron que este agente, que había trabajado 14 años en la Audiencia Nacional, había colaborado ocasionalmente con un grupo dedicado al tráfico de drogas, proporcionando información sobre investigaciones en curso o antecedentes policiales. Sin embargo, tras registrarse su vivienda, se dieron cuenta de que el caso era mucho más grave: el funcionario había estado involucrado durante más de una década en el tráfico de información confidencial. La investigación indica que estableció un auténtico «centro de consulta ilícita de las bases de datos policiales» al que acudían delincuentes de diversos tipos a cambio de dinero.

El Independiente ha tenido acceso a la documentación del caso, la cual revela que entre sus clientes se encontraba Alejandro Hamlyn, un empresario de hidrocarburos que ganó notoriedad por su reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez; varios abogados que solicitaban favores para sus clientes; traficantes de drogas en el extranjero e, incluso, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid, con quien se sospecha que colaboró para interferir en las elecciones de dicha entidad. Además, hay un segundo policía imputado. Carlos S. V., un inspector jefe de la División Económica y Técnica.

Javier Luis M. había estado trabajando desde el año 2009 en la unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional, que se encarga de grandes casos de corrupción, drogas o terrorismo. Fue detenido por primera vez el 12 de junio de 2023 en una operación de narcotráfico, cuando la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) sospechó que algo extraño estaba ocurriendo. Alguien estaba compartiendo información, como matrículas de coches que estaban siendo monitoreados.

Fue arrestado junto a Mohamed Momen, líder de la organización de drogas, pero la auditoría de su ordenador demostró que había realizado consultas «ingentes». El total de solicitudes de acceso a información irregular alcanzaba 3.233 entradas no autorizadas a bases de datos restringidas de la Dirección General de la Policía.

La Unidad de Asuntos Internos, encargada de indagar en el comportamiento de sus propios agentes, comenzó una investigación. Un análisis patrimonial de Javier Luis confirmó los peores temores. En las cuentas de él y de su esposa encontraron 132.471 euros no justificados por sus actividades profesionales legítimas en solo cinco años. «Muchos de estos pagos provienen claramente de las solicitudes de información», señala el sumario.

Los solicitantes, ya fueran delincuentes o abogados, realizaban transferencias (un total de 101.846 euros) bajo conceptos como «devolución», «pagos generales» o «préstamos», y él también ingresó 30.625 euros en efectivo. Las conversaciones con su esposa resultan reveladoras: «Han entrado 5.000 este mes y aún esperan 9.000», le advierte. «Es mejor no entrar en el radar de Hacienda, aunque podamos justificar», dice. Uno de los grupos de narcos llegó a obsequiarles un iPhone, aunque se equivocaron de modelo.

En los últimos cinco años, se adquirió una motocicleta Yamaha, un Mercedes Benz por 23.417 euros y un ático en Madrid, en la zona de Méndez Álvaro, valorado en casi 300.000 euros. Asuntos Internos cree que su actividad ilícita se prolongó, al menos, durante los últimos 13 años. Si no más.

Los investigadores destacan que el policía no solo proporcionaba información, sino que también protegía a los delincuentes. «Las conversaciones analizadas son esclarecedoras, llevando a los investigadores a concluir que la actuación del policía investigado va más allá de una simple colaboración y constituye una clara cobertura a las actividades delictivas de la organización criminal». Su cercanía con una de las abogadas arrestadas muestra que ella incluso lograba captar clientes al acercarse a ellos cuando el agente les advertía que estaban en el punto de mira de la Audiencia Nacional. «Si me puedes mirar una matrícula de parte de un cliente, que no sabe si son ladrones o compañeros tuyos», le solicitaba ella en mensajes de agosto de 2021.

El caso se expandió cuando Asuntos Internos descubrió que el funcionario estaba recibiendo un salario del grupo Hafesa, dedicado a la comercialización y distribución de petróleo, donde trabajaba Hamlyn. «Se presentan pruebas de la percepción de 4.250 euros mensuales por parte del Grupo Hafesa desde noviembre de 2022 hasta abril de 2023″, indica el sumario. El juez ha imputado a la empresa, a múltiples empleados y a casi una veintena de personas que pagaron por los servicios del policía filtrador.

El 19 de junio del año pasado, él y su esposa fueron arrestados nuevamente y el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional inició una investigación exclusivamente para examinar su actividad. Fue entonces cuando la Policía se dio cuenta de que, además, podía haber fraude en las elecciones de la Cámara de Comercio, habiendo hallado decenas de copias de votos compulsados de manera presuntamente fraudulenta.

Ahora, enfrenta 44 delitos de descubrimiento y revelación de secretos (uno por cada solicitante), 51 por violación de secretos de los títulos de delitos contra la Administración Pública, 13 delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude electoral. La Fiscalía solicitó que el caso se trasladara a los juzgados de Plaza de Castilla, al no haber un asunto de drogas en el núcleo de la investigación, y el Tribunal Supremo resolvió la cuestión de competencia hace unas semanas. A partir de ahora, la magistrada María José Ortega se hará cargo del caso.