El pareja de Ayuso solicita aumentar la fianza de García Ortiz a 300.000 euros.

El compañero de Isabel Díaz Ayuso ha apelado la fianza civil establecida por el Tribunal Supremo en contra del fiscal general del estado, solicitando que se aumente de los 150.000 euros fijados por el juez a 300.000 euros.

Los abogados de Alberto González Amador hacen referencia a los «daños morales sufridos» por el empresario debido a la supuesta filtración de sus datos fiscales realizada por Álvaro García Ortiz, así como al impacto que ha tenido en «su entorno familiar directo».

La acusación particular sostiene que la información fiscal confidencial que llevó a la revelación de secretos, por la cual será juzgado el fiscal general, «no puede ser valorada en menos de 300.000 euros».

Destaca en su recurso de reforma, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que desde el 14 de marzo de 2024, «no ha pasado un día en que algún personaje político o periodista, con el Ministro de Justicia al frente, no se refiera a González Amador como delincuente confeso o defraudador confeso».

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) insiste ante el juez que ha llevado a Álvaro García Ortiz al banquillo, que este es competente y tiene la responsabilidad de suspenderlo cautelarmente como fiscal general del Estado.

En el recurso que presenta contra la negativa del juez Ángel Hurtado a separarlo de su puesto, esta acusación popular alerta que «sería sumamente paradójico» que el instructor «estuviera legitimado para tomar decisiones tan drásticas como la prisión provisional», pero no para «suspender provisionalmente» a García Ortiz «de su trabajo» tras convertirse en un funcionario público acusado de un delito de revelación de secretos relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Además, esta parte argumenta que la decisión sobre su permanencia debe recaer en el magistrado del Tribunal Supremo (TS), dado que no existe «analogía» ni precedente de una situación como esta, y porque ha estado involucrada en el caso la fiscal jefe de Inspección, María Antonia Sanz Gaite, quien teóricamente correspondería tomar la decisión de que García Ortiz dejara de dirigir la Fiscalía General del Estado.

En este contexto, se recuerda que Gaite «pertenece a la misma asociación» de fiscales -la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- de la que es parte el propio acusado, y ha sido propuesta en el escrito de acusación de APIF para que comparezca como testigo durante el juicio.