La Comunidad de Madrid advierte que el nuevo real decreto sobre centros de datos podría disminuir la inversión en un 75%.

El mes pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó para consulta pública un proyecto de real decreto que regula la eficiencia energética y la sostenibilidad en los centros de datos. Este decreto implica un aumento significativo de la carga burocrática. Los interesados tenían hasta el 15 de septiembre para enviar sus comentarios sobre la propuesta. La Comunidad de Madrid ha señalado que el nuevo marco regulatorio podría resultar en una sobrerregulación que afecte la competitividad del sector en comparación con otros países europeos.

Es importante recordar que Madrid alberga 46 Centros de Procesamiento de Datos (CPD). La región tiene un 36,2% más de centros que Cataluña y un 407,3% más que Aragón, según datos de la Consejería de Digitalización regional. En términos de capacidad, Madrid concentra el 54% de la potencia instalada en España, en contraste con el 30% de Aragón y el 12% de Cataluña. Según estimaciones de la consultora Colliers, Madrid liderará el crecimiento del sector de datos en los próximos tres años.

Sin embargo, este real decreto podría obstaculizar una inversión de más de 58.000 millones en centros de datos. La Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, parte de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha revisado el borrador y ha concluido que podría tener efectos adversos en el desarrollo de esta industria clave. Según las alegaciones, el texto excede lo requerido por la Unión Europea en su Directiva (UE) 2023/1791 y en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, al incluir indicadores obligatorios relacionados con aspectos socioeconómicos, territoriales o de tráfico de datos, que poco se relacionan con la eficiencia energética.

Uno de los puntos más controvertidos se encuentra en el artículo 7, que condiciona el acceso y conexión de los CPD a la red eléctrica al cumplimiento previo de compromisos ambientales que no existen en otros países de la UE. Para el Gobierno regional, estas obligaciones son desmedidas y podrían poner a Madrid y a España en desventaja frente a mercados europeos más flexibles y con menos carga burocrática.

Además, la disposición transitoria única del proyecto extendería estas exigencias a proyectos ya en tramitación, lo que, según la Comunidad de Madrid, podría infringir el principio constitucional de seguridad jurídica y el de irretroactividad normativa.

58.000 millones de euros en inversión

Las proyecciones de la industria indican que España podría atraer más de 58.000 millones de euros en inversión hasta 2030, con una inversión directa de más de 21.800 millones de euros y una inversión indirecta que superaría los 36.500 millones de euros. Una parte notable de esta inversión se concentraría en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, un marco regulatorio excesivamente estricto podría reducir esta cifra a unos 12.500 millones, lo que tendría un impacto negativo en el empleo, la innovación y el liderazgo tecnológico del país.

El Gobierno regional destaca que apoya la meta de poner la eficiencia energética en el centro de la regulación, pero se opone a imponer requisitos que puedan obstaculizar la llegada de proyectos, inversiones e innovación. Recuerdan que el sector de los centros de datos es crucial para la economía digital y también para la transición energética, al aportar flexibilidad al sistema eléctrico y facilitar la integración de energías renovables y soluciones de almacenamiento.