En una decisión que ha generado gran expectación en la opinión pública, el juez ha retirado el pasaporte y ha concedido la libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, así como a otros detenidos relacionados con el caso mascarillas. Este hecho marca un punto de inflexión en la investigación, donde se indaga sobre presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos para la adquisición de material sanitario en medio de la pandemia. La medida cautelar de retirar el pasaporte apunta a garantizar la presencia de los implicados en el proceso judicial, mientras que la puesta en libertad supone un cambio significativo en la situación de los investigados. La sociedad aguarda con atención el desarrollo de los acontecimientos y las posibles implicaciones que esta decisión pueda tener en el desenlace del caso.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido liberar a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, junto a su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía no ha solicitado prisión preventiva para ninguno de los detenidos, imponiendo en su lugar medidas restrictivas como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas ante el juzgado.
La Guardia Civil detuvo a un asesor de Ábalos por posibles actos de corrupción en contratos de compra de mascarillas, que involucran a distintas entidades públicas. La investigación, liderada por la Audiencia Nacional y con participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, ha resultado en la detención de 14 individuos, relacionados con delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, afectando a un total de 20 personas.
Las detenciones, realizadas en diversas provincias españolas, se han llevado a cabo con registros domiciliarios que se extendieron durante la madrugada, revelando información relevante para la investigación. El monto de los contratos bajo escrutinio supera los 50 millones de euros, abarcando acuerdos con entidades como el Ministerio del Interior y comunidades autónomas.
El Partido Popular ha demandado aclaraciones sobre el caso de las mascarillas, mientras que el Gobierno se ha comprometido a colaborar con las autoridades judiciales en el desarrollo de la investigación. Se espera que se intensifiquen las acciones legales en las próximas horas, en un caso que se mantiene bajo secreto judicial.
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