La jueza convoca a un alto funcionario de Ayuso a testificar en relación al escándalo de los contratos de formación profesional.

La magistrada que investiga el fraccionamiento de contratos en la construcción de edificios de FP durante el anterior mandato de Isabel Díaz Ayuso ha emitido una resolución que convoca a declarar como testigo a Coral Báez, actual directora del área territorial Madrid Capital en la Consejería de Educación. Ella era responsable de esa área en el momento en que ocurrió la posible prevaricación que se está examinando, evidenciada por elDiario.es.

La justicia está investigando las razones y órdenes bajo las cuales la Consejería de Educación construyó, entre 2021 y 2023, al menos diez centros de FP y Formación de Profesorado sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin control económico alguno. Al menos dos casos fueron referidos a la Fiscalía por indicios de corrupción. El ministerio fiscal lo calificó como una “grosera omisión del procedimiento”. Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid, dirigía la Consejería de Educación en ese periodo. Su segundo al mando era Rocío Albert López-Ibor, figura destacada del PP, proveniente de Faes y actualmente consejera de Economía y Hacienda de Ayuso. La jueza también ha convocado a declarar a José María Serrano Adanero, subdirector general de Centros de Educación Secundaria.

Por ahora, la actual Consejería (dirigida por Emilio Viciana) se ha distanciado de este procedimiento irregular, señalando en su momento al exsubdirector de FP, Alfonso Mateos, quien ya ha declarado en el juzgado y está imputado. Mateos argumentó que este sistema de contratación ha sido el habitual “desde siempre”, incluyendo obras como gastos de funcionamiento que en realidad no lo eran. Defendió su posición, afirmando que las construcciones en centros educativos no eran competencia suya, sino del departamento de Infraestructuras y de la dirección territorial. En su declaración, el excargo de Educación indicó que este sistema (que podría constituir un delito) se promovía desde la Consejería, era firmado por el consejero y contaba con la aprobación de la dirección general, cuyo responsable, Coral Báez, ahora ha sido convocada a declarar.

El primer centro que se dio a conocer fue el Ciudad Escolar. En 2021, se construyó un hospital escuela para que los estudiantes de la rama de FP sanitaria pudieran realizar prácticas, con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Esta obra no fue sometida a concurso ni adjudicada con las mínimas garantías de competencia, sino que se otorgó directamente a un empresario que alertó mediante burofaxes a la Presidencia de la Comunidad sobre esta práctica, debido a un impago de 1,6 millones.

Conforme reveló este medio, al año siguiente se inició la construcción de la Escuela de Arte Alcalá utilizando el mismo sistema de pago para desembolsar 1,2 millones de euros. Se demolió una planta de más de mil metros cuadrados y se erigió un centro de diseño y arte en FP. En esta ocasión, los pagos se efectuaron desde tres cuentas públicas diferentes: el Instituto Antonio Machado, la Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música. elDiario.es ha documentado otros ocho centros donde se han realizado obras millonarias sin licitación, entre ellos uno de los proyectos clave postpandemia de la presidenta de la Comunidad: el centro de FP a distancia Ignacio Ellacuría.

La actual Consejería ha iniciado una investigación y ha enviado el caso a la Fiscalía debido a la gravedad de los sucesos. Una denuncia de Podemos fue la que dio inicio a la investigación en un juzgado de instrucción, donde el PSOE, Más Madrid y Comisiones Obreras se han presentado como acusación.