En una decisión que ha generado controversia, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos por el caso mascarillas. Esta noticia ha sacudido al ámbito político y judicial, ya que García se encontraba en el ojo del huracán tras su detención en relación con presuntas irregularidades en la gestión de contratos de material sanitario durante la pandemia. El levantamiento de la medida cautelar del pasaporte ha generado diversas reacciones entre la opinión pública, que sigue de cerca el desarrollo de este caso que ha puesto en entredicho la transparencia en la gestión de recursos públicos en tiempos de crisis. La decisión del juez, aunque legal, ha levantado polémica y aviva el debate sobre la corrupción en el sector público.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de la investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, ha decidido liberar a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado prisión para ninguno de los detenidos por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
El juez ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, así como la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Los detenidos, entre los que se encuentran el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF y el empresario Iñigo Rotaetxe, han sido puestos a disposición judicial.
La Guardia Civil ha detenido a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Este operativo se enmarca en una investigación que ha llevado a la detención de 14 personas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho relacionados con contratos destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha culminado con numerosas detenciones y registros domiciliarios. Se estima que el monto de los contratos fraudulentos supera los 50 millones de euros, afectando a administraciones públicas y entidades privadas.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas y el Gobierno se ha comprometido a colaborar con la justicia en este caso de presunta corrupción. La trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia ha generado gran controversia y se espera que se produzcan más detenciones en las próximas horas en el marco de esta investigación en curso.
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