El Gobierno desarrollará 200 viviendas sociales económicas en los antiguos cuarteles de La Rubia en Valladolid.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este viernes en Valladolid que el Gobierno, a través de la nueva empresa pública de vivienda, adquirirá los terrenos del antiguo acuartelamiento de La Rubia con el objetivo de construir 200 viviendas públicas y asequibles, asegurando que su costo no supere el 30% de los ingresos de las familias.

Rodríguez precisó que en la próxima reunión del Consejo de Administración de la entidad pública de vivienda, programada para finales de septiembre o principios de octubre, se tomará la decisión de comprar esos terrenos al Ministerio de Defensa por un valor de algo más de ocho millones de euros, para desarrollar en ellos 200 viviendas públicas y asequibles.

La ministra destacó que podrían construirse hasta 300 viviendas, aunque no toda esta parcela es propiedad del Gobierno. «Hay una parte privada, sobre la que no podemos decidir, aunque se podrían añadir otras 100 viviendas; nosotros proyectaremos 200 que sean 100% asequibles», afirmó.

Rodríguez ha asegurado que esta acción demuestra que el Gobierno «está comprometido con la empresa y con el uso de todos los recursos del Estado para abordar el problema de la vivienda».

Exigencia a la Junta

«Esta acción se asemeja a otras iniciativas importantes que hemos llevado a cabo en Madrid, Valencia, Sevilla o Baleares, y se complementa con otros instrumentos como el Plan Estatal de Vivienda, donde también requerimos la colaboración de las comunidades», dijo.

Rodríguez recordó que el Plan Estatal implica un aumento de la inversión en políticas públicas de vivienda de 101 millones a 380 millones en Castilla y León, y solicitó a la Comunidad «un esfuerzo en su cofinanciación».

«Cuando se dice a la ciudadanía que no pueden asumir este planteamiento, yo les respondo que la vivienda tiene un costo y necesitamos disponer de fondos públicos, como está haciendo el Gobierno de España», subrayó.

Además, recordó que no están «pidiendo lo imposible a la Junta», sino que «cada año destinen 25,5 millones de euros de sus presupuestos para políticas de vivienda, dentro de un presupuesto de más de 15.000 millones». «Es un esfuerzo razonable para resolver el principal problema de la ciudadanía», añadió.

Zonas tensionadas

La ministra de Vivienda denunció que la oposición de la Junta a identificar las zonas tensionadas en la Comunidad «está obstaculizando que se intervenga en el mercado y se reduzcan los precios del alquiler en áreas críticas».

«Esto no es una utopía, está sucediendo hoy en España donde se aplica; en Barcelona se ha observado una disminución del 8% en algunos barrios. Es una realidad, es posible y es una medida efectiva», afirmó.

Criticó, además, que la derecha acuse al Gobierno de «intervencionismo» en un momento en que «la semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, del Partido Popular, solicitó políticas para intervenir en el mercado del alquiler».

Rodríguez añadió que se han intervenido alrededor de 1.000 pisos turísticos ilegales en la Comunidad e invitó a los ayuntamientos con mayor presencia de este tipo de viviendas y a la Comunidad «a regular estos alojamientos y ofrecer políticas que permitan a los propietarios poner estas viviendas en alquiler residencial».

Próximos pasos

La ministra indicó que, tras la reunión del Consejo de Administración para la adquisición de los terrenos del acuartelamiento de La Rubia, el siguiente paso será «trabajar en el proyecto de demolición de estas instalaciones» y colaborar «con las autoridades municipales para evaluar si necesitan algún apoyo en esta acción».

«Es fundamental para nosotros la participación de los vecinos en esta y en todas las acciones», destacó, subrayando la intención del Gobierno de «intervenir en el mercado para garantizar el derecho a la vivienda a través de la empresa pública».

«La empresa que hemos creado garantiza que toda la oferta es pública y a precios asequibles para los vecinos, esté clasificada como vivienda de protección oficial o no», añadió.

Respecto a los plazos, abogó por «ejecutar lo antes posible» sin comprometerse a una fecha exacta. «No quiero crear expectativas, pero puedo asegurar a los ciudadanos de Valladolid que habrá únicamente vivienda pública y asequible en estos terrenos para siempre», afirmó.

Rodríguez también pidió a las demás administraciones que «hagan lo mismo que está haciendo el Gobierno, utilizando todos los recursos y terrenos disponibles y aumentando sus presupuestos para destinarlos a políticas públicas de vivienda, asegurando que esta inversión no se convierta en especulación».