Educare: La venta del gran operador de educación concertada en Madrid por 200 millones a un fondo genera controversia sobre la entrega de terrenos públicos | Noticias de Madrid

Swiss Life Asset Managers ha adquirido la mayoría de las acciones de Educare, una red de colegios concertados propiedad de la familia Abarca Cidón, quienes también son dueños de HM Hospitales, y de Carlos Madruga, su presidente ejecutivo. Esta información fue adelantada por El Confidencial y confirmada por este diario a través de fuentes relacionadas con la transacción, valorada en aproximadamente 200 millones de euros. De los ocho colegios concertados que posee el conglomerado en la región, seis están situados en terrenos públicos cedidos hasta casi el siglo XXII a cambio de cánones que rondan unos pocos miles de euros al mes, ahora transferidos al nuevo inversor. Esta operación permitirá a la compañía contar con los recursos necesarios para crear o adquirir nuevos colegios y revela el interés del mercado por aprovechar esos terrenos para ofrecer etapas educativas no concertadas, que son de pago y no obligatorias (Infantil o Bachillerato). La transacción ha suscitado críticas por parte de la oposición de izquierdas y de CICAE, una asociación que agrupa a colegios privados independientes.

“Operaciones como esta evidencian una preocupante deriva hacia la mercantilización de un servicio público que debería ser gratuito para las familias”, afirman desde esta asociación. “Ningún fondo de inversión destina 200 millones de euros a un proyecto si no espera obtener grandes beneficios”, continúan en CICAE, que critica las cuotas complementarias y obligatorias que cada mes deben abonar las familias de estos colegios, “vulnerando el derecho a la gratuidad”; así como la competencia que representan sus etapas privadas de Infantil y Bachillerato. “Que estas concesiones hayan derivado en una operación financiera millonaria supone una desvirtuación muy grave del uso de recursos públicos que la Administración deberá justificar”, argumentan.

La Comunidad de Madrid, que cedió estos terrenos municipales, salvo en un caso, ha optado por no comentar sobre una operación que afecta a 10.000 alumnos, 975 empleados, 720 profesores y ocho colegios. Este diario también se puso en contacto con el departamento de prensa de Swiss Life, una importante aseguradora que tiene una rama dedicada a la inversión y gestión de activos, que igualmente se negó a hacer comentarios. Fuentes del sector educativo señalan que esta es su primera operación importante en Madrid. Por su parte, Educare se limitó a anunciar que emitirá un comunicado en el futuro, aunque ya confirmó la transacción a las familias de sus colegios mediante una carta a la que tuvo acceso EL PAÍS.

De los ocho colegios de Educare, seis son concertados y están construidos en parcelas públicas distribuidas en toda la región, por las cuales la adjudicataria paga un canon que apenas llega a unos miles de euros al mes: estos son los colegios Antanes (en Leganés, con el terreno cedido hasta 2088, según información publicada en virtud de la ley de transparencia); Antamira (en Paracuellos del Jarama, hasta 2083); Torrevilano (en Madrid, hasta 2081); Peñalvento (en Colmenar Viejo, hasta 2056), Valdefuentes (en Madrid, hasta 2055) y Peñalar (en Torrelodones, hasta aproximadamente 2050). Al concluir la concesión, el edificio y la parcela deben regresar al patrimonio público.

“La operación ya está firmada y no afectará en nada a los colegios”, asegura una fuente cercana a las negociaciones, en las cuales BNP Paribas ha actuado como banco asesor para Educare. “El ideario, el modelo educativo, los equipos, la dirección y la rutina diaria seguirán igual”, añade sobre una operación que incluiría el compromiso de que Madruga permanezca al mando del proyecto.

Educare fue fundada en 2015 como resultado de la fusión de Gecesa, una empresa especializada en colegios, y Alma Terra Mater, una Family Office de los fundadores de la cadena de hospitales privados HM. Sin embargo, el uso de estos colegios como un negocio ha provocado numerosas críticas por parte de la oposición de izquierdas en la región.

“Primero convirtieron en negocio la sanidad y ahora van a por la educación”, sostiene María Pastor, diputada de Equo que forma parte del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional. “Es muy grave que centros educativos sostenidos con fondos públicos sean parte de un sistema que busca únicamente rentabilidad económica y no la calidad de la educación”, agrega. Y añade: “Las principales perjudicadas en esta operación serán las familias, que verán cómo la educación de sus hijos deja de ser la prioridad y, además, tendrán que pagar más para que la inversión sea rentable”.

En la misma línea se manifiesta Pilar Sánchez Acera, la número dos del PSOE de Óscar López en la Comunidad de Madrid.

“Este es uno de los ejemplos más claros de cómo entiende el Partido Popular la educación: como negocio”, argumenta. “La perversión de los conciertos que el PP de Madrid ha implementado durante 30 años en la región ha llevado a situaciones como esta”, añade. “¿Cuál es el enfoque educativo del fondo Swiss Life?”, se pregunta. ”Ayuso está vendiendo los servicios públicos y los derechos de los madrileños a precios irrisorios a fondos de inversión», denuncia. “Imagino que las familias afectadas se estarán cuestionando quién dirige el colegio de sus hijos y por qué no reciben protección por parte de la Comunidad de Madrid”.

La educación concertada ha experimentado un auge desde que Isabel Díaz Ayuso asumió la presidencia de la Comunidad de Madrid. Años atrás, los tiempos de Cristina Cifuentes (2015-2018) marcaron una pausa en la expansión de estos centros, incentivados previamente por Esperanza Aguirre (2003-2012).

Cobrar a las concesionarias

Así, tras una década sin construir este tipo de centros privados donde hay plazas financiadas con dinero público, ya se han concretado tres cedencias de terrenos desde 2020 entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para promover colegios concertados. Los nuevos colegios están ubicados en los distritos de Villa de Vallecas y Hortaleza, donde los terrenos públicos fueron cedidos de forma gratuita a una empresa, el grupo GSD, y en Vicálvaro, donde ganó el concurso Humanitas Centros de Educación.

El Ejecutivo regional no lograba cerrar una concesión de este tipo desde 2013, cuando se inauguró el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso escolar 2013-2014, según datos proporcionados por la Consejería de Educación. En 2018 se licitó otro colegio concertado, pero el proceso no llegó a finalizar. En 2022, el actual Gobierno regional reactivó un concierto que estaba inactivo desde 2005 en Villalbilla.

Los nuevos colegios concertados de Ayuso presentan una novedad: incluyen la opción de cobrar a las concesionarias por permitirles expandir su negocio ofreciendo cursos de etapas no obligatorias (como en Educación Infantil o Bachillerato), que a su vez la Administración regional hace más atractivos a través de un polémico programa de becas, al que incluso pueden optar familias con ingresos superiores a 100.000 euros.