Puente revela el descontento por el resultado del acuerdo entre Bolaños y el PP.

Septiembre avanza y el Gobierno continúa con su estrategia de proyectar una imagen de unidad y un discurso coherente originado en el palacio de La Moncloa. El propósito es revertir la sensación de desgaste que se generó en julio. Sin embargo, en estas primeras semanas se observan indicios de fragilidad y de tensiones internas que demuestran que la realidad es diferente a lo que se comunica.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha revelado la «insatisfacción» que existe en el Gobierno en relación a un tema crucial para el presidente, Pedro Sánchez: el Poder Judicial. Puente hacía referencia al acuerdo que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, alcanzó en junio de 2024 con el PP en Bruselas para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, transcurridos quince meses, ha llevado a que las salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo estén presididas por dos magistrados que no fueron elegidos por los vocales progresistas de este órgano, como son Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas.

Además, la vicepresidenta Yolanda Díaz presionó considerablemente en sus negociaciones con Junts para intentar obtener su respaldo a su ley sobre la reducción de la jornada laboral, ya que dichas negociaciones con la formación de Carles Puigdemont son altamente prioritarias para La Moncloa. No obstante, la prioridad no es la ley de Díaz, sino la conocida como Ley Bolaños. Díaz no solo desoyó el protocolo, sino que cuando no logró el apoyo, arremetió contra la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, con una vehemencia que, según reconocen en el Gobierno, consideraron innecesaria.

Además, esta semana otro ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, ha acaparado la atención al llegar a un pacto unilateral con Junts sin informar ni al Gobierno ni a sus socios sobre la cesión a Junts de un tema controvertido: las empresas con más de 250 trabajadores deberán prestar el servicio de atención al cliente en catalán. La reacción de la patronal le obligó a rectificar y restringir la propuesta a las comunidades con lengua cooficial.

Los conservadores se sienten ganadores, aunque Justicia sí impone su criterio para evitar el cambio de modelo

La «insatisfacción» de Puente

En cuanto al tema del Poder Judicial, Puente lo expuso así al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante una entrevista en el programa de este en Canal Red. En su papel de entrevistador, Iglesias planteó que «actualmente hay mucha gente que tiene la percepción de que la derecha seguiría controlando los resortes del CGPJ casi como en la época de (Carlos) Lesmes«. A lo que Puente respondió que «el acuerdo al final, a la vista está, no es que no podamos estar muy satisfechos con él«.

Desde el Ministerio de Justicia explican a El Confidencial que esas declaraciones muestran que Puente «no conoce cómo estaba el CGPJ anteriormente y la situación de colapso total en la que estaríamos sin acuerdo». No obstante, al ser consultado por este periódico, Puente rechaza enérgicamente que sus palabras ocultan un ataque a Bolaños y justifica el pacto firmado con Esteban González Pons: «Él hizo lo que tenía que hacer y probablemente lo que yo hubiera hecho en su lugar», puntualiza, comentando que su relación es «excelente».

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez señala a los jueces de los casos Begoña y Hermano: «Hay jueces haciendo política»

Juan Fernández-Miranda

Sin embargo, el contexto en el que se dio este acuerdo incorpora otro aspecto importante: los ataques del Gobierno al Poder Judicial y el descontento del Ejecutivo con el Tribunal Supremo, especialmente con las mencionadas salas, tanto de lo Penal como de lo Contencioso-administrativo. Existen diversos asuntos en juego, pero especialmente la decisión de no aplicar la ley de amnistía en lo que respecta a la malversación, lo que mantiene a Carles Puigdemont con una orden de detención activa. «Se ha extralimitado«, afirmó Puente en agosto de 2024, dos meses tras el acuerdo entre Bolaños y Pons, manteniendo la tensión entre el Ejecutivo y el Alto Tribunal.

En cualquier caso, en el ámbito judicial es un hecho que, después de once meses desde el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del CGPJ, el resultado está mucho más alineado con lo que desea el bloque conservador. De hecho, personas influyentes de dicho sector han manifestado lo mismo. El pasado 23 de julio, el CGPJ alcanzó el acuerdo necesario para nombrar a los presidentes de las citadas salas, dos de las posiciones más conflictivas. Los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas fueron elegidos, abriendo paso a los candidatos del sector conservador en detrimento de Pilar Teso y Ana Ferrer, propuestas por la progresía.

Ese mismo día, el órgano de gobierno de los jueces acordó otros 24 nombramientos, incluyendo a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y de Aragón, así que el balance en el primer año de Isabel Perelló al frente del CGPJ refleja 161 nombramientos, todos ellos con amplios consensos, de los cuales el 42,2 % son mujeres.

TE PUEDE INTERESAR

Perelló, el nuevo mito del antisanchismo: látigo de Bolaños y modelo para Pumpido

Juan Fernández-Miranda

Perelló, que es parte de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD), nunca fue la candidata de Bolaños, y en estos primeros once meses ha evidenciado que su objetivo principal es ocupar lo más rápidamente posible las plazas vacantes en los tribunales españoles. Esto fue resultado, en primer lugar, de la negativa del PP a renovar el Poder Judicial de forma oportuna, generando un estancamiento de más de cinco años; y en segundo lugar, por la iniciativa aprobada en marzo de 2021 en el Congreso, respaldada por el PSOE y Unidas Podemos, para limitar las funciones del CGPJ mientras esté en funciones. Esto resultó en tres años sin poder renovar posiciones.

«Esa presión al final hizo que se precipitara el acuerdo«, le comentó Puente a Pablo Iglesias, añadiendo que «es fácil decirlo ahora porque no había muchas alternativas ni muchas salidas» y que, a posteriori, las cosas siempre tienen un matiz de ventaja, pues, sin duda, nadie antes de renovar el órgano podría dudar de que la urgencia y necesidad eran enormes: seis años sin renovar el CGPJ con repercusiones que trascendían el funcionamiento ordinario de los tribunales de Justicia», concluyó.

Un acuerdo con dos partes

Todo lo anterior se refiere a la primera parte del acuerdo entre el Gobierno y el PP en Bruselas, bajo la supervisión de la Comisión Europea, pero el texto contenía dos puntos. El segundo hace alusión a un cambio de modelo para elegir a los 20 vocales del CGPJ. En este aspecto, el que está manteniendo su postura es el Ministerio de Justicia, como ha quedado claro esta semana durante la visita a España de una delegación de la Comisión de Venecia para verificar si España cumple con los estándares europeos.

TE PUEDE INTERESAR

Perelló impone su ley: señala a Bolaños y al fiscal general y alardea del desbloqueo de los tribunales

Juan Fernández-Miranda

Al Gobierno le inquieta lo que el Consejo de Europa podría opinar sobre la calidad democrática en el país, al igual que le preocupaba el feedback respecto a la amnistía. En esta ocasión, el ministro Bolaños fue particularmente atento con los miembros de una nueva delegación enviada a Madrid el lunes y martes por la Comisión de Venecia. Su propósito es determinar por qué no se actualiza el modelo de elección de los vocales del Poder Judicial, algo que el Ejecutivo y el PP se comprometieron a hacer bajo la supervisión de la Comisión Europea en junio de 2024. En los círculos judiciales consultados por este periódico, ha llamado la atención el interés del Ministerio de Justicia en esta visita, dado que fue solicitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no por el Gobierno.

Lo que la Comisión de Venecia desea entender es por qué en España no se ha cumplido el compromiso adquirido por Bolaños y Esteban González Pons (PP), que consistía en dos partes: renovar el CGPJ tras más de cinco años de bloqueo —como se hizo— y establecer un nuevo sistema que cumpliera con los estándares europeos: «Se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, si procede, su tramitación y aprobación».

Dos meses antes del acuerdo entre Bolaños y Pons, el 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez se tomó cinco días para reflexionar sobre si valía la pena continuar en La Moncloa: decidió quedarse y arremeter, sin éxito, contra los dos espacios de poder que representan la resistencia democrática: los jueces y los medios de comunicación, algo que por el momento no ha logrado. A esto se suma el malestar expresado por Puente, incrementando las tensiones entre los dos bloques que conforman la coalición de Gobierno.