En una decisión que ha generado gran expectación, el juez ha tomado la determinación de retirar el pasaporte y conceder la libertad provisional al exasesor de Ábalos, Koldo García, así como a otras personas detenidas en relación con el caso mascarillas. Esta noticia ha impactado en la opinión pública, ya que se trata de una trama que ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas. El juez ha argumentado que las investigaciones continúan en curso y que no existen riesgos de fuga por parte de los implicados, lo que ha llevado a esta decisión que ha sorprendido a muchos. Sin embargo, la polémica y el interés en torno a este caso siguen en aumento, y se espera que se revelen más detalles en las próximas jornadas.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha tomado la decisión de poner en libertad a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, así como a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para ninguno de los detenidos en relación con el presunto caso de corrupción en la adquisición de mascarillas. En este sentido, el magistrado ha impuesto la medida de retirada de pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
Además, cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 han sido puestos a disposición del juez. Entre los detenidos se encuentran el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe.
La Guardia Civil ha detenido a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas, en el marco de una investigación que involucra a varios actores en contratos relacionados con la crisis sanitaria.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, afectando a un total de 20 personas.
Se estima que los contratos investigados superan los 50 millones de euros, siendo el Ministerio del Interior uno de los focos de atención por la adjudicación de material de protección a una empresa por un valor considerable.
En este contexto, se destaca que la trama de presuntas mordidas en los contratos de emergencia de mascarillas durante la pandemia podría implicar a diferentes administraciones públicas, como los gobiernos de Baleares y Canarias, entre otros.
La operación sigue en curso y no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones en relación con este caso de corrupción que ha mantenido en vilo a la opinión pública.
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