Manifestación de trabajadores penitenciarios en Madrid: piden reconocimiento y medidas de protección contra agresiones.

Este martes, el centro de Madrid se convirtió en el escenario de una ruidosa protesta llevada a cabo por cientos de funcionarios de prisiones, quienes se manifestaron en la calle convocados por el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Desde la sede del PSOE en la calle Ferraz hasta los alrededores del Congreso, los asistentes exigieron algo que afirman haber reclamado durante años sin respuesta: protección ante las agresiones que enfrentan diariamente y el reconocimiento como agentes de autoridad y como profesión de riesgo.

Ataviados con camisetas negras y portando pancartas, los manifestantes dirigieron sus críticas especialmente hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a quienes acusan de haber incumplido sus compromisos. “Nos prometieron avanzar en nuestro reconocimiento profesional, pero seguimos igual… o peor”, denunció Manuel Galisteo, presidente del sindicato.

Durante la movilización, que según TAMPM reunió a unas 2.500 personas, se oyeron bengalas, botes de humo y tracas de petardos, además de paradas simbólicas como la realizada frente a la sede de Instituciones Penitenciarias, en la calle Alcalá. Allí, entre gritos de “¡Marlaska dimisión!”, recordaron algunos de los episodios más graves de violencia sufridos en los centros penitenciarios. “No solo se trata de agresiones físicas; también hay abusos verbales, amenazas constantes y casos de violencia sexual hacia funcionarias que no pueden seguir siendo ignorados”, expuso Galisteo.

Apoyos políticos y mensajes cruzados

La movilización presentó un evidente componente político. Dirigentes del Partido Popular y de Vox brindaron su apoyo público a la protesta, aprovechando la ocasión para criticar la política penitenciaria del Gobierno.

Desde el escenario colocado al final de la marcha, el secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró que su partido atenderá las demandas del colectivo “cuando llegue al poder”. Junto a él, la diputada Ana Vázquez, portavoz de Interior del grupo popular, culpó directamente a Sumar y Podemos por el estancamiento en el reconocimiento de los funcionarios como agentes de autoridad.

Por su parte, Vox adoptó un tono más combativo. Su portavoz de Seguridad, Samuel Vázquez, proclamó que “hay que echar a patadas a este Gobierno infame”, señalando que ni el PSOE ni el PP han cumplido con los funcionarios de prisiones en más de dos décadas.

Entre los manifestantes, destacó la figura de José Antonio Ortega Lara, emblemático del colectivo y del sufrimiento en primera persona, ya que fue secuestrado por ETA durante 532 días entre 1996 y 1997.

Principales demandas

Las demandas del colectivo no son nuevas. Piden una reforma legal que endurezca las penas por agresiones a funcionarios de prisiones, el reconocimiento oficial como profesión de riesgo, lo que permitiría, entre otras cosas, la jubilación anticipada, y la equiparación salarial con los funcionarios de Cataluña y el País Vasco, quienes, al tener transferidas las competencias, perciben entre 500 y 700 euros más al mes, según los datos del sindicato.

La protesta se produce justo antes del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, que se celebra el 24 de septiembre, una fecha que, para muchos de los manifestantes, no es motivo de celebración, sino una oportunidad para recordar que su labor sigue sin el reconocimiento que estiman merecer.