Vecinos de Rivas preparan una demanda contra la promotora de sus pisos por pedirles ahora 20.000 euros más de lo acordado. La comunidad residencial de Rivas Vaciamadrid se ve inmersa en un conflicto legal de gran envergadura ante la inesperada solicitud de la promotora inmobiliaria. Tras firmar un contrato que estipulaba el precio de sus viviendas, los vecinos se han visto sorprendidos al recibir una comunicación exigente por parte de la empresa, en la que se les demanda un incremento de 20.000 euros adicionales a lo pactado inicialmente. Esta situación ha generado malestar y preocupación entre los afectados, quienes, con el respaldo de sus abogados, han decidido emprender acciones legales para salvaguardar sus derechos como compradores. La incertidumbre y la indignación se apoderan de esta comunidad que lucha por una resolución justa en este complejo entramado legal.
Vecinos de Rivas demandan a promotora por exigir 20.000 euros extras
Decenas de vecinos de Rivas Vaciamadrid adquirieron sus viviendas sobre plano a un precio específico establecido en el contrato. Sin embargo, al momento de la entrega por parte de la promotora 'Promored', se encontraron con una sorpresa desagradable: se les requería abonar 20.000 euros adicionales. Algunos han cedido ante este sobrecoste, pero alrededor de treinta vecinos se niegan y están preparando una demanda.
Rivas denuncia que la nueva conexión de Metro y Cercanías obligaría a los residentes a realizar dos trasbordos, lo cual representa un inconveniente para la movilidad de la zona. Este incremento en el costo no estaba contemplado en el contrato de compraventa, por lo que consideran que no están obligados a pagarlo, sintiéndose engañados por la promotora. Las viviendas en cuestión se ubican en la avenida José Hierro, sumando un total de 254 apartamentos.
Rivas está en la búsqueda de consejeros de barrio entre sus habitantes, con el objetivo de establecer un vínculo directo con el Gobierno local para abordar asuntos de interés comunitario. La entrega de los pisos estaba programada para diciembre de 2023, pero según los afectados, están siendo retenidos con la intención de presionarlos a pagar el sobrecoste de manera injusta, calificando la situación como un chantaje.
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