Consumo ha emitido una advertencia dirigida a las inmobiliarias, resaltando la “ilegalidad” de cobrar comisión por la gestión a los interesados en arrendar una vivienda. Esta medida busca proteger los derechos de los consumidores, evitando prácticas abusivas que vulneren la normativa vigente. La comisión por la gestión de alquileres se ha convertido en un punto de conflicto en el mercado inmobiliario, generando controversias y reclamos por parte de los arrendatarios. La intervención de Consumo busca garantizar la transparencia y legalidad en las transacciones inmobiliarias, promoviendo un entorno justo y equitativo para todas las partes involucradas. Es fundamental que las inmobiliarias acaten las normativas establecidas, velando por el cumplimiento de la ley y el respeto hacia los consumidores.
Ministerio de Consumo advierte a inmobiliarias: es ilegal cobrar comisión por gestión en alquileres
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advirtió este viernes a las inmobiliarias de que es ilegal cobrar una comisión por la gestión a las personas interesadas en arrendar una vivienda. Así lo precisó en un comunicado en el que explicó que la Dirección General de Consumo ha iniciado una investigación y ha notificado a diferentes mercantiles inmobiliarias dedicadas a la gestión de alquiler de viviendas que no pueden cobrar una comisión por sus servicios a los inquilinos.
Vecinos de Ermita del Santo protestan por la llegada de torres con 500 viviendas y sin equipamientos
Esta unidad ha tenido conocimiento de que ciertas empresas habrían obligado a las personas interesadas en arrendar una vivienda a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento de la vivienda y, según el departamento de Pablo Bustinduy, este pago se trataría de una comisión equivalente a un mes de alquiler de la vivienda más un 21% de IVA. A este respecto, recordó que se trata de una práctica que está fuera de la ley, concretamente del artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos llevada a cabo por la disposición final primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, de derecho a la vivienda.
La compraventa de viviendas cae en Madrid un 16% durante 2023
En ella se determina explícitamente que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador, abundó, al tiempo que indicó que ha informado a estas mercantiles inmobiliarias de que este tipo de cláusulas contractuales o la imposición al arrendatario de cualquier otro cargo de análoga naturaleza podría, caso de constatarse, ser considerado como abusivo a los efectos del artículo 47.1.j) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Este tipo de infracción, según el artículo 48.2 de la ley tiene la calificación de falta grave, llegando a sancionarse con una multa pecuniaria entre 10.001 y 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, agregó el gabinete de Bustinduy.
Deja una respuesta