El enigmático individuo que amenazó el crecimiento del Atlético de Madrid | Noticias de Madrid

Un hombre se presenta a principios de noviembre de 2024 en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, donde se encuentra el Tribunal Superior de Justicia. Lleva consigo una carpeta que contiene una denuncia contra el Atlético de Madrid y otra contra el Ayuntamiento. Apenas unos días antes, el 29 de octubre, el Consistorio había aprobado de forma definitiva un plan urbanístico que apenas había sido debatido durante el verano: un proyecto millonario que transcurrió con un trámite casi invisible.

Durante el verano de 2024, con la ciudad funcionando a medio gas y la atención política alejada de Cibeles, el plan especial para la Ciudad del Deporte generó escaso debate y solo el Partido Socialista presentó alegaciones. No hubo movilización vecinal ni notable discusión social. El expediente avanzó sin ruido, difuminado en el verano, cuando los plazos continúan, pero casi nadie presta atención.

Sin embargo, alguien estaba observando. Un particular siguió el procedimiento, revisó las alegaciones, identificó las fallas jurídicas y tomó nota. De aquel trámite estival —del que casi nadie se dio cuenta— surgirían más tarde muchos de los argumentos que terminarían en un tribunal.

El 29 de octubre de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó de manera definitiva el plan especial que brindaba cobertura urbanística a la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, un proyecto mediante el cual el club rojiblanco pretendía transformar los alrededores del estadio Metropolitano y establecer un modelo de crecimiento menos dependiente de los resultados deportivos: 265.000 metros cuadrados, de los cuales 205.000 metros cuadrados serían cedidos por un periodo de hasta 75 años al Atlético de Madrid.

El acuerdo se aprobó con facilidad gracias a la mayoría del Gobierno municipal del PP. Durante el último año, se movilizó maquinaria, se realizaron obras y hasta los jugadores del primer equipo recorrieron con casco lo que el club había diseñado. La Ciudad del Deporte dejó de ser un conjunto de planes para convertirse en una obra concreta en el entorno de San Blas-Canillejas, a pocos minutos del aeropuerto de Barajas. El proyecto había cruzado una frontera simbólica: ya no era una promesa, sino una intervención real en el terreno.

Y, paralelo a esto, llegó el dinero. A principios de noviembre de 2025, el fondo estadounidense Apollo concretó su entrada en el capital del Atlético de Madrid. Compró el 57% de la entidad en una operación que valoró el club en cerca de 2.500 millones de euros y que implicó un desembolso de aproximadamente 1.300 millones por la participación mayoritaria. La lógica de la inversión era clara: generar ingresos recurrentes, estables y menos vulnerables a las fluctuaciones del fútbol. En este esquema, la Ciudad del Deporte era una pieza clave.

El hombre que se presentó en Plaza de Castilla no era representante de ningún colectivo vecinal ni actuaba en nombre de personas afectadas directamente. En su denuncia, no alegó tener un interés personal sobre las parcelas ni perjuicio inmediato. Acudió a los tribunales como particular, apelando a un interés legítimo estrictamente jurídico. Copió y pegó gran parte de las alegaciones socialistas, añadió algunos argumentos adicionales y presentó la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin ruido. Sin entrevistas. Sin comunicados. Un año después, la justicia le dio la razón.

A principios de diciembre llegó el fallo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló parcialmente el plan especial aprobado en octubre del año anterior. La decisión afectó a una parte del ámbito del proyecto y dejó en suspenso uno de sus componentes clave. Los magistrados concluyeron que ciertos usos asociados —hoteles, restauración, actividades recreativas y comerciales— eran incompatibles con el uso principal de equipamiento deportivo previsto para ese suelo. Específicamente, la Sala se centró en el área del antiguo Centro Acuático de La Peineta, donde se proyectaba un complejo claramente lucrativo.

Según el tribunal, esa transformación del suelo no podía ser tramitada a través de un plan especial, sino que requería una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Además, criticó al Ayuntamiento por no haber justificado adecuadamente el interés general del desarrollo ni haber sometido esa parte del proyecto a una evaluación ambiental estratégica, a pesar de su envergadura.

La Ciudad del Deporte estaba concebida como un complejo de gran escala alrededor del Metropolitano. El proyecto se extendía a cinco parcelas. Dos de ellas estaban destinadas a dotaciones deportivas municipales —pistas de atletismo, campos de fútbol, polideportivos cubiertos— que, una vez construidas por el club, pasarían a gestión pública. Las otras parcelas concentraban el núcleo más rentable del desarrollo: un centro de alto rendimiento, instalaciones privadas y, en particular, la explotación del ámbito del antiguo Centro Acuático, pensado para ser una gran arena de conciertos, un hotel y otros usos terciarios. Estudios municipales incluidos en la documentación del concurso estimaban que ese espacio podría generar decenas de millones de euros anuales en beneficios a largo plazo. La inversión total prevista superaba los 350 millones de euros.

Tras la sentencia, tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Atlético de Madrid optaron por minimizar su impacto y enviar un mensaje de continuidad. Desde el club rojiblanco, fuentes oficiales resaltaron que el fallo no cuestiona el proyecto en su totalidad ni las instalaciones estrictamente deportivas, y afirmaron que se refiere a aspectos específicos del planeamiento urbanístico. El Ayuntamiento anunció de inmediato su intención de recurrir al Tribunal Supremo. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, expresó que la sentencia “no afecta en nada a la Ciudad del Deporte” y aseguró que el Consistorio continuará otorgando licencias mientras se tramita el recurso. No obstante, abogados consultados por este periódico coinciden en que es complicado que el Supremo revierta la decisión, dado que se trata de una resolución ampliamente fundamentada y basada en una jurisprudencia consolidada en materia de urbanismo.

La resolución se suma a una serie de reveses judiciales que han acompañado al Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de José Luis Martínez-Almeida, abogado del Estado de formación. Desde 2019, varios de los grandes proyectos impulsados desde Cibeles han sido anulados o cuestionados por los tribunales debido a defectos de forma, falta de motivación o problemas de encaje urbanístico: terrazas, el parking del Bernabéu, la zona de bajas emisiones, las cocheras del metro… Antonio Giraldo, el concejal socialista que presentó las alegaciones durante la tramitación municipal, sostiene que el desenlace era evitable. “Advertimos al Ayuntamiento de que, para sacar adelante un proyecto de esta magnitud, era necesario modificar el Plan General. Si se hubiera hecho, hoy estaría solucionado”, afirma. A su juicio, las consecuencias son dobles: “Pierde el Atlético y pierden los ciudadanos”.

Mientras tanto, el demandante que ha puesto en jaque la expansión del Atlético de Madrid sigue siendo un enigma. En la documentación judicial figura identificado con un nombre compuesto y la inicial de su primer apellido. Este periódico se ha puesto en contacto con su abogado, quien ha rechazado hacer declaraciones y ha solicitado mantener el anonimato de su cliente.