El Gobierno anuncia que pondrá un tope a los aumentos de precios de bienes y servicios para prevenir abusos.
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- 11 de febrero de 2026
El aumento del costo de la vida se ha convertido en el tema predominante en España, y es comprensible, ya que es una de las principales preocupaciones de las familias en nuestro país. El incremento en los precios de alimentos, alquileres y energía ha reducido la capacidad económica de muchas familias y, como resultado, la disminución del poder adquisitivo es una realidad que afecta el día a día de la mayoría.
El Gobierno limitará las subidas de precios de productos y servicios para frenar prácticas abusivas
En este entorno de presión económica constante, cualquier aumento súbito en productos básicos puede provocar importantes complicaciones financieras. Este escenario se complica aún más cuando se presentan en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, accidentes o crisis que alteran la oferta y la demanda.
Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y que permitirá al Gobierno fijar precios máximos en situaciones de emergencia declaradas oficialmente. Esta medida se activará únicamente mediante un Acuerdo del Consejo de Ministros y deberá establecer un plazo concreto de aplicación.
El límite general será claro: el precio de un producto o servicio no podrá superar el precio máximo que haya tenido en los 30 días naturales anteriores al inicio de la emergencia. Así, se busca evitar incrementos desmesurados aprovechando un pico de demanda inesperado.
Además, la norma establece un segundo filtro. Si el precio máximo registrado en los 30 días previos supera en más de un 50% el precio medio de ese mismo periodo, el tope aplicable será el precio medio más un 50%. Esto significa que se impide que un valor excepcionalmente alto determine la referencia.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y diputados socialistas aplauden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su intervención en el pleno del Congreso.
De cualquier forma, los consumidores que paguen un precio superior al permitido tendrán derecho al reembolso de la diferencia, además de las posibles sanciones que se puedan imponer a las empresas por incrementos ilícitos de precios. De este modo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez evitará que ciertas compañías se beneficien económicamente en situaciones de vulnerabilidad para la ciudadanía, fortaleciendo la protección del consumidor en momentos críticos.
La limitación podrá activarse no solo en emergencias de protección civil, sino también en accidentes, fuerza mayor u otras circunstancias imprevistas que el Consejo de Ministros considere excepcionales. El acuerdo deberá especificar fecha de inicio y fin, así como los productos afectados, y podrá obligar a las empresas a comunicar sobre el precio medio y máximo ofertado en los 30 días anteriores.