Febrero comenzará con paros de maquinistas y médicos, además de manifestaciones de los trabajadores públicos.

A la huelga ya anunciada por los maquinistas del ferrocarril se le suma una nueva convocatoria de huelga indefinida por parte de los médicos. Dos conflictos en sectores esenciales que aumentan la presión sobre Moncloa en un momento de gran visibilidad política.

El Sindicato de Maquinistas (SEMAF) ha programado una huelga del 9 al 11 de febrero para protestar por las condiciones de seguridad insuficientes en su trabajo.

Esta medida llega tras la trágica pérdida de tres de sus compañeros en los accidentes de Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 45 personas, y Gelida (Barcelona).

En este último accidente, un maquinista en prácticas falleció y 37 personas resultaron heridas, de las cuales cinco, incluyendo al maquinista titular y dos conductores en formación, sufrieron lesiones graves.

Los maquinistas habían estado alertando desde agosto sobre serios problemas de seguridad debido al mal estado de la red a lo largo de España; sin embargo, solo tras los trágicos accidentes de la semana reciente, Adif decidió imponer restricciones temporales de velocidad en varios tramos de las líneas que conectan Madrid con Barcelona, Valencia, Galicia y Valladolid.

En una entrevista con El País, el ministro Óscar Puente afirmó este domingo que «muchas de las advertencias» realizadas por los maquinistas no están relacionadas con la seguridad, sino con la falta de «confort en la marcha.»

Por su parte, los sindicatos médicos han convocado una huelga general indefinida a partir del 16 de febrero en protesta por el nuevo Estatuto Marco impulsado por la ministra Mónica García, ya que consideran que desmejora la profesión y no reconoce las particularidades del ejercicio médico.

Esta movilización, de alcance nacional, puede tensar aún más un sistema sanitario que ya está sufriendo, y, al igual que ocurrió en los paros previos a las Navidades, podría incrementar de manera significativa las listas de espera al posponerse las cirugías no urgentes.

Además, los sindicatos de la función pública también planean movilizaciones durante este invierno.

Comisiones Obreras, UGT y CSIF han comenzado a organizarse para exigir la implementación inmediata de las 35 horas laborales, la clasificación profesional y la jubilación parcial en las Administraciones públicas.

Desde el Gobierno, intentan asociar esta promesa a la aprobación de los Presupuestos de 2026, los cuales parecen muy complicados en este momento.

Todo esto sucederá en unas semanas críticas, en las que se reanudará la actividad parlamentaria tras el parón festivo de enero, un mes inhábil en las Cámaras.

Se prevé que el primer Pleno con sesión de control al Gobierno tenga lugar el próximo 11 de febrero. Será el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en dos meses, tras un largo período en el que se han acumulado problemas significativos, tanto políticos como sociales.

Desde el último encuentro parlamentario entre ambos líderes, el Ejecutivo ha tenido que enfrentar no solo la crisis ferroviaria, sino también un panorama internacional cada vez más incierto.

La situación geopolítica se ha complicado con el nuevo contexto en torno a Groenlandia, el regreso de Donald Trump al escenario internacional por sus acciones en Venezuela y el debate sobre un posible despliegue de tropas en Ucrania.

A este panorama se suman ahora dos huelgas en servicios esenciales como la sanidad y el transporte público, lo que realmente puede paralizar al país y afectar profundamente la vida diaria de millones de ciudadanos.

El contexto podría complicarse aún más por el calendario judicial que afecta al círculo más cercano del presidente del Gobierno.

Las investigaciones que involucran a personas del entorno familiar y político de Sánchez continúan avanzando, con nuevas decisiones judiciales que se esperan en los próximos meses.

Y, por si fuera poco, todo esto ocurrirá en un ambiente preelectoral, con dos citas importantes a la vista: las elecciones autonómicas en Aragón el 8 de febrero y las de Castilla y León el 15 de marzo.

Por lo tanto, febrero se perfila como una prueba de resistencia para el Gobierno, que se encuentra atrapado entre la presión social de las huelgas, la oposición parlamentaria, la incertidumbre internacional y un horizonte judicial y electoral que amenaza con erosionar aún más la estabilidad de Pedro Sánchez.