Las víctimas de accidentes de tráfico critican a los políticos por impedir la reducción del límite de alcohol: «Hay una falta de ética política».

«La política debería servir para gobernar y proteger, no para intercambiar vidas por argumentos», lamenta David Landazábal, vicepresidente de Stop Accidentes y víctima de un siniestro vial, sobre la obstrucción en la reducción de la tasa de alcoholemia. «Un año después, seguimos en la misma situación: la tasa de alcohol no se ha reducido y las muertes continúan», añade. Landazábal recuerda que la reforma no solo cuenta con el apoyo de expertos en seguridad vial y colectivos de víctimas, sino que también es un compromiso del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La iniciativa llegó a la Cámara baja en forma de proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En primavera, recibió el respaldo de casi todos los grupos, a excepción de Vox, que votó en contra, y el Partido Popular, que criticó la propuesta pero se abstuvo para permitir su tramitación. El PP considera que la fórmula empleada es una «cortina de humo» para negociar apoyos parlamentarios y ocultar que «no está funcionando» la estrategia de seguridad vial del Gobierno para reducir a la mitad el número de fallecidos.

Sin embargo, el principal obstáculo es un conflicto entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Los independentistas exigen la cesión de las competencias para gestionar los examinadores de conducir en Cataluña a cambio de su apoyo a la reforma de la tasa de alcoholemia. Argumentan que es urgente dada la escasez de estos profesionales y las largas listas de espera.

La seguridad vial se ha convertido en «moneda de cambio»

El vicepresidente de Stop Accidentes explica a ABC que en los últimos meses ha visto cómo una medida de seguridad vial se convierte en una moneda de cambio para asuntos administrativos: «Lo que debería ser una cuestión de salud pública se transformó, una vez más, en terreno de trueque político». Pero, sobre todo, el descontento de Landazábal aumentó después de un intercambio de mensajes con una diputada de Esquerra Republicana a principios de septiembre, donde la respuesta de ella confirmó sus sospechas sobre la falta de compromiso político en esta materia.

Él le subrayó la urgencia de reducir la tasa de alcoholemia. Y el mensaje que recibió de ERC fue: «Incluso preferiría el 0,0. Pero para negociar esta ley tenemos que cumplir con una negociación que la DGT deberá llevar a cabo. De lo contrario, no negociaremos». Según indicó la diputada, la falta de examinadores en Cataluña hace que «jóvenes sin carnet conduzcan», lo que no se puede permitir, y por eso están bloqueando el acuerdo. «Les damos una buena solución [al PSOE]. Que la acepten», concluyó la de ERC.

El vicepresidente de Stop Accidentes resume esta situación en un «o me das lo que yo quiero o bloqueo lo que todos necesitamos». Y aunque reconoce que es «inadmisible» que haya jóvenes conduciendo sin carnet, también enfatiza que eso no puede usarse como excusa para frenar «una medida urgente de salud pública». Landazábal es aún más preciso en sus críticas: «Convertir derechos o necesidades legítimas en moneda de cambio cuando hay vidas en juego es una falta de decencia política».

En septiembre, Marlaska instó a ERC a abandonar el pulso. «No hay una sola excusa que justifique retrasar un día más esta reforma, es inaplazable», afirmó el ministro del Interior en la sede de la DGT, donde presentó un balance de 228 fallecidos en las carreteras durante los meses de verano.

El Congreso comenzó a tramitar en marzo esta reducción de la tasa máxima permitida de alcohol, que pasaría del actual 0,5 gramos por litro en sangre a un 0,2 (lo que corresponde a 0,1 miligramos por litro de aire espirado).

Este cambio implicará que un hombre de aproximadamente 80 kilos puede dar positivo tras beber una cerveza (330 ml.) y una mujer de 60 kilos superará la tasa bebiendo la mitad (165 ml.). Además, esta modificación prevé en su redacción sanciones de 1.000 euros para quien exceda de 0,5 miligramos por litro de aire espirado o 1 gramo por litro en sangre y prohibirá la difusión de la ubicación de controles en grupos de WhatsApp y otras aplicaciones.

La mitad de los fallecidos consumió alcohol

Desde el año 2000, más de 73.500 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico. Los datos solo refuerzan la necesidad de una respuesta inmediata por parte del legislador. Según la DGT, en España fallecieron el año pasado 1.154 personas en accidentes de tráfico. Según el ‘Informe de Víctimas de Tráfico de 2024’, realizado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, uno de cada dos de esos conductores había consumido alcohol o drogas. Es decir, la mitad.

Desde Stop Accidentes recuerdan que el alcohol sigue siendo «la principal causa de siniestros mortales» en España y que, además de recibir un castigo penal, debería recibir un fuerte reproche social que consideran todavía no existe en la actualidad. De hecho, otro dato del citado informe indica que el consumo de alcohol creció un 1,6 por ciento respecto a 2023, aunque, por otro lado, se redujo el porcentaje de positivos en sustancias estupefacientes.

El último informe de la Organización Mundial de la Salud, del día 24, también advirtió que una de cada tres muertes en Europa está relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas. En España, el perfil del infractor es mayoritariamente el de un hombre entre los 25 y los 55 años que consume alcohol tanto en días laborables como festivos. La mayoría de los accidentes se producen en vehículos, seguidos de motocicletas. En cuanto a los peatones víctimas de accidentes viales, cuatro de cada diez también habían consumido alcohol o drogas.