Ex comisionado de la Comunidad y alto cargo del Ayuntamiento de Madrid enfrentan juicio por destrucción ilegal de la Cañada Real

Ex comisionado de la Comunidad y alto cargo del Ayuntamiento de Madrid enfrentan juicio por destrucción ilegal de la Cañada Real

La justicia española se prepara para juzgar a un ex comisionado de la Comunidad de Madrid y a un alto cargo del Ayuntamiento de la capital por su presunta implicación en la destrucción ilegal de la Cañada Real, un valioso patrimonio natural y cultural de la región. Según las investigaciones, los acusados habrían autorizado y supervisado la demolición de más de 1.500 metros de la vía pecuaria, protegida por la ley, para dar paso a un proyecto inmobiliario. Esta acción, calificada de ecocidio por los ambientalistas, ha generado un gran revuelo en la opinión pública y ha llevado a la apertura de este proceso judicial.

Dos altos funcionarios de Madrid enfrentan juicio por destrucción ilegal de vivienda en la Cañada Real

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha decidido enviar a juicio a dos funcionarios de alto nivel de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid por un presunto delito de prevaricación en relación con el derribo de una vivienda en la Cañada Real en julio de 2022.

Según el auto, J. C. S. G., Jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, y M. G. P., ex Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, deberán enfrentar un juicio por su presunta responsabilidad en la destrucción de la vivienda, que se llevó a cabo pese a no existir una orden firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo de cese de uso abierto unos meses antes.

Investigación de dos años

Tras cerca de dos años de investigación, tanto la jueza titular como la Fiscalía consideran que existen indicios de criminalidad evidentes en la actuación de estos dos cargos, el primero perteneciente al Ayuntamiento de Madrid y el segundo a la Comunidad de Madrid.

La vivienda, una construcción de más de 80 metros cuadrados con diversas estancias, pozo de agua y suministros, había sido adquirida por el vecino en 2006 y se encontraba en la conocida como Zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río.

Procedimiento administrativo

El Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició en 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse. Sin embargo, pese a que el vecino presentó alegaciones en dos ocasiones, el Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y solicitó su derribo.

En cuestión de apenas 24 horas desde la comunicación del supuesto abandono y sin llevar a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo, el Jefe de Disciplina Urbanística autorizó el derribo, que se ejecutó automáticamente el 19 de julio de 2022.

Actuación ilegal

Según CAES, el derribo se llevó a cabo sin cumplir con los procedimientos legales, ya que no existía una orden firme y el vecino había recurrido el procedimiento administrativo de cese de uso abierto unos meses antes.

Además, el vecino se encontraba de vacaciones fuera de su vivienda desde hacía apenas una semana y había presentado alegaciones en el procedimiento administrativo justificando y probando que la vivienda era su domicilio apenas un mes antes.

Por parte de ninguno de los dos cargos investigados se ha podido justificar esta actuación durante la fase de Instrucción. Es evidente que ambos conocían que una orden tan lesiva como la que supone el derribo de una vivienda con más de 30 años de antigüedad sólo puede dictarse cuando existe una Resolución firme al respecto, y que la declaración de la vivienda como abandonada sólo podría afirmarse tras la práctica de una exhaustiva prueba.

Consecuencias

El derribo de la vivienda se llevó a cabo en el marco de toda una campaña orquestada por las Administraciones públicas de acoso y derribo a los vecinos y residentes históricos de la Cañada Real, una campaña cuyo principal hito fue el corte de luz a los Sectores V y VI en octubre de 2020, y que busca expulsar a los residentes de esta zona en beneficio de los desarrollos urbanísticos del sureste que colindan con esta zona residencial, poblada principalmente por población vulnerable o de escasos recursos.

Estos hechos, según CAES, señalan claramente y de forma directa a ambos funcionarios como posibles autores de un delito de prevaricación, por lo que la jueza ha dictado el Auto de transformación en Procedimiento Abreviado abriendo el plazo para que tanto la Fiscalía como la acusación particular presenten nuestros escritos de acusación.