FACUA exige a Almeida que cumpla con su compromiso y amplíe significativamente el parque de vivienda pública en la comunidad de Madrid.

FACUA exige a Almeida que cumpla con su compromiso y amplíe significativamente el parque de vivienda pública en la comunidad de Madrid.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha lanzado un llamado urgente al presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su consejero de Vivienda y Administración Local, Edgar Galicia, para que cumplan con su compromiso y tomen medidas efectivas para ampliar significativamente el parque de vivienda pública en la región. Esta exigencia se produce en un contexto en el que la escasez de viviendas asequibles se ha convertido en un problema crónico en la Comunidad de Madrid, afectando gravemente a las familias y personas con menor poder adquisitivo.

FACUA exige a Almeida que cumpla con su compromiso y amplíe viviendas públicas en Madrid

La asociación FACUA se ha dirigido al Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para recordarles su compromiso, establecido en los Acuerdos de la Villa aprobados en julio de 2020, de ampliar el parque público municipal y construir promociones hasta alcanzar aproximadamente 15.000 nuevas viviendas protegidas.

Según el portal de transparencia, que cuenta con datos de 2023, el patrimonio de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) es de 7.609 inmuebles en régimen de alquiler. Sin embargo, FACUA ha destacado que, en julio de 2019, la EMVS contaba con 6.272 inmuebles, lo que supone que el consistorio solo ha construido 1.337 nuevas viviendas, cifra que queda muy lejos de lo prometido en los Acuerdos de la Villa.

Además, la asociación ha recordado que, según los datos ofrecidos por la EMVS, a principio de año cuenta con 31 promociones en marcha, en distintas fases de licitación y ejecución, que sumarán cerca de 2.700 nuevas viviendas, pero que siguen siendo insuficientes para la demanda que existe en la actualidad en la ciudad de Madrid.

Demanda de mejora del funcionamiento de la EMVS

Por ello, FACUA Madrid ha instado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a mejorar el funcionamiento de la EMVS a través de un impulso de medidas para el acceso a la vivienda que permitan dar respuesta a las necesidades del municipio, de crear un verdadero fondo social y de desarrollar políticas que favorezcan el alquiler entre los colectivos más vulnerables.

Critica al reglamento de adjudicaciones

FACUA Madrid también ha denunciado que, en lo referente al Reglamento para la adjudicación de las viviendas públicas, la corporación realizó una modificación limitándolo en los casos que exista una demanda de solicitantes superior al número de viviendas asignadas por grupos establecidos, quedando en situación de reserva hasta la publicación de las adjudicaciones.

La asociación ha recordado que, en el Gobierno de Manuela Carmena, el sistema de adjudicación se hacía por cupos poblaciones de demanda, limitados cada uno de ellos en los distritos, frente a la baremación tradicional, configurándose dichos grupos en nueve en función de las características socioeconómicas y personales, agilizando con ello dicha adjudicación y destinada a los colectivos más vulnerables.

Convenio con la URJC para el Observatorio Municipal de la Vivienda

FACUA Madrid ha tenido conocimiento que el Ayuntamiento de Madrid ha suscrito un convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para la elaboración de estudios e informes y desarrollo de labores de investigación en relación con el Observatorio de la Vivienda de la ciudad de Madrid.

Entre sus objetivos, se encuentra el estudio de situación de la vivienda, el análisis del parque inmobiliario actual y el previsible, valorando además los planes de subvención, la rehabilitación y los Fondos Europeos. Este acuerdo estará vigente desde el 2023 hasta el 2025.

FACUA Madrid ha solicitado de nuevo repensar y garantizar el funcionamiento del Observatorio Municipal de la Vivienda, sin externalizaciones de sus funciones, en el que estén también representados la sociedad civil organizada.

La asociación ha cuestionado la externalización de funciones que deberían desarrollar la propia Administración Pública, ya que el convenio con la URJC supondrá un gasto de más de 310.000 euros para el estudio de la situación de la vivienda, perspectivas sobre la vivienda en la ciudad de Madrid, análisis del parque inmobiliario y otros aspectos.