La ANPE-Madrid descarta la jornada escolar partida obligatoria proyectada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid

La ANPE-Madrid descarta la jornada escolar partida obligatoria proyectada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid

En un comunicado oficial, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Madrid (ANPE-Madrid) ha manifestado su rechazo a la implementación de la jornada escolar partida obligatoria que había sido propuesta por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según la entidad, esta medida no solo no resolvería los problemas de congestión en los centros educativos, sino que también perjudicaría la calidad de la educación y aumentaría la carga de trabajo de los docentes. La ANPE-Madrid considera que la medida es injusta y discriminatoria, ya que afectaría de manera desproporcionada a los estudiantes con necesidades especiales y a aquellos que provienen de entornos socioeconómicos más desfavorecidos.

ANPEMadrid rechaza la jornada escolar partida obligatoria proyectada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su gobierno va a implementar la jornada escolar partida en infantil y primaria de manera obligatoria. Según sus declaraciones, los nuevos colegios públicos que se construyan en la región impartirán 1º y 2º de la ESO y tendrán jornada partida de manera obligatoria. Además, se buscará que todos los CEIPSO adopten este modelo y se dictarán instrucciones para que los colegios públicos que actualmente tienen jornada partida no puedan cambiar a jornada continua desde el próximo curso.

Ante estas declaraciones, la Asociación de Profesionales de la Enseñanza de Madrid (ANPE-Madrid) ha manifestado su rotundo rechazo a esta medida. Según ANPE-Madrid, desde la promulgación de la primera normativa en 2005 sobre la jornada continua, hemos reivindicado la necesidad de hacer menos rigurosos y más flexibles los requisitos para que los centros educativos puedan elegir libremente el modelo de jornada escolar (partida o continua), como elemento que se inscribe en el desarrollo y la consecución de su autonomía pedagógica y organizativa, identificada como un factor de calidad.

La organización educativa destaca que es imprescindible que las administraciones garanticen los servicios asistenciales para el cuidado de los menores, pero es necesario que, como en muchos países de nuestro entorno, se separe claramente la jornada educativa de la asistencial, además de diferenciar las administraciones responsables de cada servicio y los profesionales que deben garantizarlos. Esto contribuye a reconocer socialmente a los profesores y su importancia como pilar fundamental de un sistema educativo de calidad.

Desprecio a la importancia de los docentes

ANPE-Madrid critica que la regulación de la jornada escolar de la Comunidad de Madrid demuestra claramente la concepción que la Administración tiene de los profesores, ya que permite que se les utilice para garantizar una conciliación familiar mal entendida, a costa de los docentes y cualquier planteamiento pedagógico.

Cualquier medida o normativa que menosprecie la importancia y especialización de los docentes como expertos de la educación solo ahonda más en el convencimiento de que la sociedad en general y la Administración en particular, no reconocen nuestra profesionalidad como expertos de la educación.

Jornada escolar vs. jornada asistencial

La organización educativa subraya que la jornada escolar no debe confundirse con la jornada asistencial. La jornada escolar ha de organizarse en base a criterios pedagógicos, mientras que la asistencial debe atender las necesidades de conciliación familiar. La conciliación familiar se debe sustentar en la adopción de medidas que permitan a los hijos estar el mayor tiempo posible con los padres. No somos custodios de los alumnos, somos profesionales.

ANPE-Madrid exige que no solo se permita que los centros públicos, en base a criterios pedagógicos, puedan optar libremente por el tipo de jornada escolar, sino también que la administración trabaje activamente para el reconocimiento de la profesión docente y de su especialización, evitando que de forma encubierta se les utilice para cubrir necesidades asistenciales.