La noticia sobre el hackeo de los correos de los abogados del novio de Ayuso ha generado gran controversia en el ámbito político. La presidenta ha señalado a los poderes del Estado como responsables de este acto, lo que ha causado un profundo debate sobre la seguridad de la información en el entorno legal. Este incidente pone de manifiesto la importancia de proteger los datos sensibles y confidenciales, especialmente en un contexto tan delicado como el que rodea a una figura pública. Las implicaciones de este ciberataque podrían tener repercusiones significativas en el desarrollo de casos legales y en la reputación de los involucrados. Es fundamental que se investigue a fondo este suceso para esclarecer responsabilidades y garantizar la integridad de la justicia.
Abogados de novio de Ayuso denuncian hackeo de correos ante los poderes del Estado
Los abogados de Alberto González Amador, compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han presentado una denuncia en un juzgado por el hackeo de los correos electrónicos intercambiados con su cliente. La denuncia, realizada este viernes, señala la posible comisión de un delito de revelación de secretos y la vulneración de derechos fundamentales de González Amador, quien está siendo investigado por fraude fiscal y falsificación de facturas.
Según el escrito presentado, el abogado penalista y el asesor fiscal del investigado recibieron un correo electrónico de su cliente el 2 de abril, el cual desapareció de los sistemas informáticos para luego reaparecer, tras un ciberataque, con la aparente extracción de ficheros adjuntos. Un perito informático determinó que dicho ataque solo afectó a esos correos sin trascender al resto de correos ni buzones corporativos.
El despacho ha solicitado a Microsoft información sobre lo sucedido, la cual será puesta a disposición del juzgado una vez obtenida. Fuentes cercanas al novio de la presidenta han mencionado que se trata de un sistema de hackeo sofisticado, posiblemente realizado por estados.
En este contexto, Díaz Ayuso ha exigido al Gobierno un trato igualitario ante la ley para todos los ciudadanos, independientemente de sus relaciones personales. Ha expresado su preocupación por la posible vulneración de derechos y la instrumentalización de los poderes del Estado para fines políticos, manifestando que cualquier ciudadano incómodo para el Gobierno puede enfrentarse a una situación similar.
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