45 años del 23-F: evidencias confirmadas y preguntas sin respuesta | España

La narración del 23-F es la de un intento fallido que terminó bien. Aunque el sistema no pudo evitar la intentona golpista, los golpistas no consiguieron sus metas y la democracia continuó su camino. La información recopilada hasta ahora, incluyendo los casi 13.000 folios de la causa judicial a la que tuvo acceso este periódico en el 40 aniversario del golpe, en 2021, permite escuchar a los protagonistas desde dentro y, al mismo tiempo, evidencia todo lo que se ignoró, tanto antes como después, lo que ha llevado a que, a pesar de la abundante cantidad de libros, estudios y documentales sobre esas horas en las que el país contuvo la respiración, aún existan, 45 años después, dudas razonables sobre los hechos probados.

El tiempo pasado hasta que el Gobierno anunció que “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía” desclasificará los documentos del 23-F, una petición antigua de los historiadores, ha alimentado las sospechas. “Las democracias necesitan conocer su pasado para forjar un futuro más libre”, afirmó Pedro Sánchez al comunicar la decisión. El catedrático de historia contemporánea Julián Casanova advierte, sin embargo: “La historia no existe sin documentos, pero los documentos no son la verdad absoluta; es esencial realizar una lectura crítica del contexto y de la fuente. Quien agrupa la información decide qué se preserva y qué se destruye. Nadie debería esperar que se desclasifiquen todos los documentos o conversaciones generadas en el 23-F, porque algunos probablemente ya no existan. En aquel entonces, el Cesid [antecesor del CNI] estaba más enfocado en perseguir rojos que en buscar golpistas, dado que estaba compuesto por antiguos franquistas, lo cual tiene sus repercusiones. Quienes clasificaron o guardaron esos documentos no eran demócratas de toda la vida.”

Esta es la reconstrucción de lo que se conoce y lo que aún se ignora sobre el papel del rey Juan Carlos, el apoyo del Ejército y la red civil en la intentona golpista.

Antecedentes y preparativos

El ruido de sables era evidente; el hombre que entró a tiros en el Congreso, el teniente coronel Antonio Tejero, se había liberado de la cárcel en mayo de 1980 tras cumplir siete meses por “conspiración para la rebelión” durante otro intento de golpe de Estado en 1978, la Operación Galaxia. En los interrogatorios a los que tuvo acceso EL PAÍS, reveló que desde que salió en libertad se dedicaba a “mantener contactos” con mandos que compartieran su “preocupación por la situación de España”, como el teniente general Milans del Bosch. Es decir, continuaba conspirando sin que nadie lo interrumpiera.

Tejero hablaba con Milans del Bosch y Milans con el general Armada, y por esas conversaciones, afirma insistentemente en los interrogatorios Tejero, “suponía que era con el conocimiento de su Majestad”. Armada estuvo junto a don Juan Carlos desde 1955, era su preceptor y culpaba a Adolfo Suárez de su destitución como secretario del Monarca. El rey emérito señala en sus memorias, publicadas en diciembre, que su padre, don Juan, tuvo una cena con el general Milans [a quien describe actualmente como un “hombre famoso por su valentía”] dos meses antes del golpe, donde este le afirmó: “Antes de jubilarme, voy a sacar los tanques a la calle”. Don Juan Carlos añade: “Cuando mi padre me lo contó, no le tomé en serio, aunque debí haberlo hecho”. Respecto a Armada, menciona que fue “muy doloroso” darse cuenta de que “si insistía en estar a su lado aquel día era por una sola razón: “Hacer creer que yo apoyaba el golpe”. Tanto Milans como Armada habían sido soldados en la Guerra Civil con Franco y en la campaña de Rusia con la División Azul durante la II Guerra Mundial.

Es cierto que el Rey se reunió con el general Armada, al que la sentencia identifica como el principal “beneficiario” de la operación del 23-F, en la estación de esquí de Baqueira Beret el 6 de febrero, es decir, solo unas semanas antes del golpe. Según constan los interrogatorios posteriores a Milans del Bosch, Armada les mencionó que “el Rey estaba ya harto de Suárez y que contemplaba la posibilidad de cambiarlo como presidente. Que el Rey prefería un gobierno de civiles y la Reina, al parecer, uno de militares. Que discutieron también la posibilidad de una acción violenta, a lo que el Rey dijo que ‘habría que considerar cómo reconducirla’.

De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso este periódico, los golpistas dudaron entre tomar La Moncloa o el Congreso y optaron por la Cámara baja porque era “menos complicado”. Tejero tomó “innumerables fotografías” para estudiar las medidas de seguridad del edificio. Explicó que en diciembre de 1980 adquirió seis autobuses de 50 plazas cada uno, así como gabardinas en el Rastro para trasladar a 288 guardias civiles sin levantar sospechas. Afirmó que la compra, “por unos tres millones de pesetas”, fue financiada con dinero en efectivo proveniente de la herencia de una tía de su esposa, y que “si no era suficiente”, había solicitado cuatro pagas por adelantado “con la confianza” de que le serían devueltas una vez se completara el golpe. Aseguró al abogado que gestionó las gestiones, para quien dijo haber falsificado la firma de su esposa, que los autobuses eran para una familia vasca que deseaba invertir “para evitar el impuesto revolucionario” de ETA.

Tanto el historiador Nicolás Sesma, autor de Ni una, ni grande, ni libre (Crítica), como el investigador Carlos Fonseca, que en 2024 publicó La farsa, historia de una investigación amañada(Plaza y Janés), coinciden en que sería de máxima relevancia que los documentos a desclasificar incluyan toda la documentación previa y posterior al golpe elaborada por el Cesid, que era el precursor del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. “Si no hay documentación anterior al golpe», afirma Fonseca, “sería gravísimo porque querría decir que el servicio de información militar no se enteraba de nada, pero al menos debería existir información de los momentos posteriores, cuando se evaluó qué errores se cometieron y qué cómplices pudieron tener dentro, dado que tomaron declaración a cientos de testigos, pero finalmente el Cesid fue descartado como parte de la trama”.

Casanova enfatiza que en ese entonces los servicios de inteligencia “ni eran plenamente democráticos ni funcionaban con métodos de clasificación de documentación democráticos”, por lo que considera que la documentación que generaron sobre el 23-F “buscaba, sobre todo, proteger a la cúspide”, así como que la trama civil del golpe probablemente iba mucho más allá de lo que figura en la condena judicial.

Las llamadas entre el Congreso y el exterior durante el secuestro de la Cámara

El teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso el 23 de febrero de 1981 poco después de las seis de la tarde y fue detenido al mediodía del 24 de febrero. Durante ese tiempo, se llevaron a cabo conversaciones telefónicas desde la Cámara y hacia el exterior, entre ellas con La Zarzuela, pero solo se conocen algunas que ocurrieron después de que TVE transmitiera, a la 1.15 de la madrugada, el mensaje grabado por el rey Juan Carlos condenando el golpe. Este periódico reveló en 2021, entre otras, la conversación telefónica que Tejero tuvo con el único civil condenado por el 23-F, el ultraderechista Juan García Carrés. En esta, Tejero expresa que el “plan de gobierno” del general Armada le parece “una chapuza” y Carrés le anima: “¡Aguanta, Antonio! ¡La victoria es para España!”.

Sesma y Fonseca creen que lo más relevante de la desclasificación sería la transcripción de esas comunicaciones entre el Congreso y el exterior, especialmente con La Zarzuela. El exvicepresidente Alfonso Guerra dijo que había 125 horas de conversaciones interceptadas de los teléfonos del Congreso, pero Francisco Laína, entonces director de Seguridad del Estado, aseguró en 2011 al periodista de este diario José Luis Barbería que no había más grabaciones que las de la esposa de Tejero y las de García Carrés, que quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. En sus memorias, el rey emérito menciona una conversación entre Sabino Fernández Campo, quien había sustituido a Armada a su lado, y Tejero, en el Congreso, en la que según su relato le pediría que dejara de hablar “en nombre del Rey” y que abandonara la Cámara. Tejero colgó. Don Juan Carlos también relata en sus memorias sobre una conversación que tuvo con la diputada socialista Anna Balletbò, quien había sido liberada por estar embarazada de gemelos. Según su relato, tardó en poder contactar con él porque al principio le pusieron en contacto con el Teatro Real de La Zarzuela y no con el Palacio, pero finalmente Jordi Pujol le proporcionó su número.

“En 1994″, afirma Fonseca, “Julio Camuñas, que en el momento del golpe era delegado del Gobierno en Telefónica y había sido subsecretario de Orden Público, confirmó que Laína le había solicitado intervenir unos teléfonos particulares y los del Congreso, pero las grabaciones de las conversaciones que se produjeron desde y hacia la Cámara baja no se incluyeron en el sumario”. En su libro, el investigador asegura que la segunda esposa de Laína le dijo que guardaba algunas grabaciones, pero que no le permitió escucharlas para respetar la voluntad de su marido, quien nunca las hizo públicas. “Me cuesta creer”, concuerda Sesma, “que no se grabaran esas conversaciones. Laína tenía mucha experiencia y lo lógico sería que se cubriera las espaldas”.

A Casanova también le interesaría que apareciera un documento que “de forma clara”, demostrara que “en cuanto Tejero entra en el Congreso, el rey Juan Carlos dijo que eso no se podía permitir” para “aclarar dudas de qué ocurrió hasta la una de la mañana” [cuando se emite en televisión su mensaje condenando el golpe].

Las llamadas entre La Zarzuela y las capitanías generales

Cuando el ministro de Defensa, Alberto Oliart, compareció en marzo de 1981 en el Congreso para informar a los diputados de los avances de la investigación sobre el 23-F, aseguró, según recuerda Fonseca, que “el 94,4% de las fuerzas armadas eran leales al Gobierno”. Sin embargo, el propio Juan Carlos I menciona en sus memorias un escenario distinto: “Llamé uno por uno a los capitanes generales. De los 11, calculo que la mitad apoyaba la rebelión, pero no se atrevían a desobedecer”. Según Laína, la razón de la tardanza en la emisión del mensaje del Rey condenando el golpe se debe a que Sabino le comunicó que Juan Carlos I quería hablar primero con todos los capitanes generales. Tanto Sesma como Fonseca dudan que se hagan públicos esos diálogos una vez se desclasifiquen los documentos del 23-F.

La lista del Gobierno de concentración y las “intrigas previas” de los partidos

En los interrogatorios a los implicados en el golpe a los que tuvo acceso este periódico, Tejero explica que se sintió traicionado por Armada cuando este le expuso el gobierno de concentración que pretendía establecer. Entre los nombres que aparecen en esas declaraciones figuran los de Enrique Múgica, Felipe González y Jordi Solé Tura. Fonseca recuerda que se discutió sobre una lista ministro por ministro elaborada por Carmen Echave, médica que asistió a algunos diputados durante el golpe y anotó los nombres que escuchó en el Congreso. El Rey asegura en sus memorias que “los partidos políticos también intrigaban en busca de poder”. De hecho, hay al menos una reunión de la que podría surgir documentación desclasificada: la que mantuvieron en octubre de 1980 los socialistas Enrique Múgica y Joan Reventós con el general Armada y que duró tres horas y media. El juez instructor preguntó a Armada si en ese encuentro “llegaron a algún acuerdo con miembros del PSOE con miras a una eventual aceptación por dicho partido o una fracción de él de una fórmula política que pudiera haber sido propuesta a raíz de los hechos del 23 de febrero”. El general respondió que nunca se habló de un Gobierno. Preguntado si había alguna consigna para que los socialistas aceptaran su propuesta en el Congreso, replicó: “He leído la frase de ‘El elefante ha venido’ y me ha dado la risa”. Múgica aseguró que había informado a Felipe González sobre dicha reunión.

La rendición

A las 10.40 del 24 de febrero, Tejero telefoneó al segundo jefe del Estado Mayor de la III Región para comunicarle que estaba dispuesto a entregarse y que quería ver a Armada. El sumario judicial incluye el papel donde anotan las condiciones para salir del Congreso: “No responsabilidades de teniente para abajo. Ningún fotógrafo. Los oficiales que se sancionen irán a prisiones militares.”

La investigación abarcó casi a 200 personas, pero únicamente un civil fue condenado y nadie de los servicios secretos. La justicia absolvió al comandante José Luis Cortina, del Cesid, quien, según Tejero, le convocó antes del 23-F para desearle suerte y informarle que ya estaban listos los decretos leyes que entrarían en vigor una vez finalizase la operación.