60 familias presentan una queja contra la Fundación la Caixa por los “desahucios encubiertos” de los fondos de inversión que adquirieron tres edificios en Madrid | Noticias de Madrid

Vanesa, Raquel e Isabel no se conocen entre sí, pero sus vidas se han entrelazado gracias a la Fundación la Caixa. Junto a ellas, alrededor de 60 familias que habitan en bloques de vivienda social en los distritos de Vallecas y Vicálvaro en Madrid, así como en el municipio de Pinto, han estado enfrentando la creciente presión que conlleva la negativa de los caseros a renovar contratos de alquiler, o la imposición de cláusulas tan complicadas que hacen imposible que se mantenga el pago. Estas familias sienten que están siendo víctimas de una estrategia de “desahucios silenciosos”. Unificadas por la incertidumbre y la angustia, hoy se han manifestado como un grupo de inquilinos frente a las oficinas de CaixaBank, anunciando su intención de demandar a la Fundación, que era propietaria de los inmuebles vendidos a dos fondos de inversión (Mosaic Propco S.L.U. y Farley YTG) “sin respetar el derecho de adquisición preferente” de los inquilinos. La entidad privada sin ánimo de lucro que gestiona la obra social de la Caixa ha optado por no hacer comentarios a este medio, argumentando que ya no son propietarios de los edificios y que las quejas deben dirigirse a los nuevos propietarios.

Los inquilinos, respaldados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas y el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, creen que deben dirigirse a la Fundación. Por ello, se han concentrado frente a las oficinas de CaixaBank en la plaza de Colón para protestar. “Entramos a vivir hace seis años con un contrato de alquiler que especificaba que era social. ¿Qué cambios han de ocurrir en nuestras vidas para que ahora nos propongan comprar el piso por 350.000 euros?”, pregunta Vanesa García, vecina del bloque de Pinto, que recientemente ha pasado de manos de InmoCaixa (la rama que gestiona las viviendas) a un fondo de inversión. Según Vanesa, cuyo contrato expira en mayo de 2026, la propuesta de venta llegó solo hace unas semanas, no antes de la venta.

Los vecinos planean presentar tres demandas, una por cada bloque afectado, para denunciar que no se ha respetado lo que consideran su derecho legítimo a la compra preferente, como explica su abogado Diego Redondo. También han anticipado que reclamarán la “ilegalidad de hasta 14 cláusulas” en los contratos que consideran abusivas. “La lucha de estos bloques evidencia claramente la estafa que supone la colaboración entre lo público y lo privado, así como la idea de un alquiler asequible, que es lo que nos venden como solución a la crisis de vivienda en España”, añade Redondo.

Los vecinos recuerdan que varios de los terrenos donde se levantaron estas promociones pertenecían al Ayuntamiento de Madrid, que los cedió para que el programa conocido anteriormente como Obra Social de la Caixa construyera viviendas de alquiler asequible. “Después de haberse beneficiado de subvenciones y desgravaciones fiscales para desarrollar su obra social, CaixaBank sigue aumentando sus beneficios especulando con estas viviendas”, argumentan los manifestantes a través de un comunicado. La Fundación La Caixa y CaixaBank operan como entidades paralelas, aunque la primera es el principal accionista del banco, con un 31,2% del capital.

En la actualidad, vecinas como una madre soltera con una niña de cuatro años, que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias de su casero debido a su delicada situación económica, se sienten atrapadas. Esta madre, residente en uno de los pisos de Vicálvaro, tendrá que dejarlo el 14 de mayo. “Estoy en servicios sociales buscando ayuda y empleo, y tratando de que se reconozca mi situación de exclusión social. No es que sea pobre, es que soy vulnerable”, expresa la madre.

La Fundación ha indicado anteriormente a este medio que cuando hay vulnerabilidad comprobada “se actúa siempre de forma coordinada con la Administración para buscar alternativas residenciales”, aunque los inquilinos afirman que hasta el momento no han recibido asistencia. La empresa, en cualquier caso, ha preferido no responder a nuevas preguntas de este diario, argumentando que ya no son propietarios de esas viviendas y por lo tanto no tienen nada que declarar.

Los afectados señalan que desde que la empresa se fusionó con la antigua Bankia en 2021, el proyecto de la Obra Social comenzó a desvanecerse y la Fundación La Caixa asumió parte de las funciones de la antigua obra. “Desde entonces, han habido subidas abusivas de los alquileres, contratos no renovados y numerosos desahucios silenciosos, culminando ahora con la venta de todas las promociones en la Comunidad de Madrid con una clara intención lucrativa”, aseguran.

Los manifestantes critican que la Fundación quiera construir una imagen de “compromiso social” a través de su lucha contra la pobreza o la protección de la infancia, mientras que CaixaBank se posiciona como el mayor tenedor de vivienda en España. Una porción de los más de 5.700 millones de euros de beneficio registrados en 2024 proviene de activos inmobiliarios adquiridos tras la crisis económica de 2008, que ahora han sido vendidos a fondos de inversión. Varios de esos inmuebles eran parte del parque de viviendas sociales en Madrid y también en regiones como Cataluña.

Los afectados han denunciado que ya hay pisos de alquiler de temporada dentro de los edificios, con precios superiores a 1.000 euros, mientras que antes los inquilinos pagaban menos de la mitad por el mismo espacio. Algunas propiedades están en venta, con precios que rondan el cuarto de millón de euros o más.

Durante la manifestación, también se exigió al Estado que asuma responsabilidades, ya que este tiene cerca del 18% de participación en CaixaBank. “No solo debería intervenir para detener esta operación, sino también podría asumir la adquisición de estas viviendas, por ejemplo, a través del SEPES, asegurando su inclusión en el parque público”, reclaman.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, se unió a la concentración para exigir al consistorio y a la Comunidad de Madrid que tomen medidas al respecto. Sin embargo, su recibimiento no ha sido el esperado y los vecinos se han quejado de que el PSOE en el Gobierno central no ha hecho nada significativo por la vivienda. “Dada la hipocresía de su visita aquí, ¿qué va a hacer su Gobierno al respecto?”, preguntó uno de los manifestantes por el altavoz, ante lo cual la portavoz no respondió.

Muchos de los contratos de los vecinos, si no han vencido ya, están a punto de expirar. Algunos de los que se han marchado, y otros que probablemente lo hagan, han estado residiendo en esos hogares más de diez años. Isabel Hernán lleva exactamente 18 años en su vivienda de Vallecas junto a su hermana Nieves y se enfrenta a su peor escenario posible: su contrato de alquiler finaliza el próximo 31 de diciembre y su empleo temporal también. “Todo ha llegado de golpe, vamos a tener un fin de año triste”, lamenta. Tras casi dos décadas sin lidiar con el complicado mercado inmobiliario madrileño, Isabel asegura que “ni en Toledo” han logrado encontrar un alquiler. Su hermana, al escucharla, interviene: “Es muy triste que tu vida dependa de otros”.