A partir de enero, los propietarios de patinetes tendrán que adquirir un seguro | Economía

A partir de enero del próximo año, los propietarios de vehículos de movilidad personal (VMP), que incluyen patinetes, deberán contratar una póliza de responsabilidad civil para poder circular. Esta normativa fue aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados mediante una modificación a la Ley de Seguros de Automóviles. Además, se creará un registro de propietarios de estos dispositivos en la Dirección General de Tráfico (DGT) en los meses venideros.

Hasta entonces, los VMP podrán circular sin requisitos adicionales. Esto ha llevado a situaciones en las que, ante un accidente, el conductor declarado culpable deja desprotegido al otro involucrado, ya sea una persona o un vehículo, ya que en múltiples ocasiones el dueño del patinete se ha declarado insolvente ante elevadas indemnizaciones. En otros casos, el propietario ha tenido que responder con su propio patrimonio.

Con el fin de abordar esta problemática, la modificación legislativa presentada por el Gobierno al Parlamento el pasado mayo incorpora el concepto de vehículo personal ligero. Según la definición, se refiere a vehículos eléctricos de una o más ruedas que pueden alcanzar velocidades de entre 6 y 25 kilómetros por hora y cuentan con una única plaza, siempre que su peso no exceda los 25 kilogramos. Si sobrepasan este límite, su velocidad máxima no podrá ser superior a 14 kilómetros por hora. Sin embargo, es común ver patinetes circulando a mayor velocidad, dado que muchos son modificados para aumentar su potencia. Algunos modelos pueden alcanzar más de 60 kilómetros por hora, según informes policiales, y también es habitual ver a más de una persona en un mismo dispositivo.

El objetivo del seguro de responsabilidad civil obligatorio es compatibilizar el fomento del transporte sostenible con la protección de las víctimas de accidentes causados por estos vehículos, según fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Una comisión se encargará de elaborar un reglamento que defina los detalles de la obligatoriedad del seguro.

Asimismo, esto llevará a la creación de un registro público de vehículos personales antes del 2 de enero de 2026, cuya gestión recaerá, en principio, en la Dirección General de Tráfico. Esta posee una base de datos de todos los vehículos que operan en territorio español, excluyendo las bicicletas. Fuentes de la DGT han señalado a EL PAÍS que, hasta el momento, no han recibido instrucciones para la creación de dicho registro, por lo que se desconoce cómo y cuándo se efectuará. Mientras tanto, se ignora cuántos patinetes están en circulación en España; la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal estimó a finales de 2023 que existen alrededor de cinco millones.

Según la DGT, el número de usuarios podría haber disminuido en los últimos años debido a la prohibición de transportar patinetes en el transporte público por el riesgo de incendios o explosiones. Ciudades como Madrid han retirado permisos a empresas de alquiler de patinetes, debido a la incompatibilidad entre su tecnología para controlar la movilidad de los usuarios y garantizar la seguridad de los peatones. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha solicitado reiteradamente que estos vehículos se sometan a la ITV para prevenir modificaciones que les permitan elevar su velocidad y reducir riesgos relacionados con las baterías. A partir de 2027, solo podrán operar aquellos modelos que cuenten con homologación.

Modificación en las indemnizaciones

La reforma legislativa también introduce mejoras en las indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico. Cuando ocurre un siniestro vial, existe un baremo oficial que especifica las cantidades de compensación. A partir de ahora, los procedimientos para indemnizar a las víctimas se agilizarán, evitando así la necesidad de recurrir a la vía judicial. La nueva norma permite optar por alternativas extrajudiciales de resolución de conflictos, como la mediación. También se proporcionarán atestados policiales de manera gratuita y se establecerán plazos más cortos para valoraciones médicas y emisión de informes periciales, según fuentes del Ministerio de Economía.

Los montos de las coberturas se actualizarán según el índice de precios al consumo (IPC). Además, se ampliarán las indemnizaciones para mejorar la protección de los afectados, incluyendo a aquellos responsables del hogar en la unidad familiar.

El Consorcio de Compensación de Seguros asumirá las indemnizaciones bajo tres nuevas condiciones: cuando la entidad aseguradora sea insolvente —incluso si se trata de organismos extranjeros—, si el accidente es causado deliberadamente y en casos de circulación sin seguro obligatorio.