A partir de enero, los propietarios de patinetes tendrán que adquirir un seguro | Economía

A partir de enero próximo, los propietarios de vehículos de movilidad personal (VMP), incluidos los patinetes, deberán contratar una póliza de responsabilidad civil para poder circular. Esta modificación fue aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados mediante una enmienda a la Ley de Seguros de Automóviles. Además, se creará un registro en la Dirección General de Tráfico (DGT) para los dueños de estos dispositivos en los próximos meses.

Hasta entonces, los VMP podrán circular sin ningún requisito. Esta situación ha llevado a que, en caso de accidente, si el conductor del patinete es culpable, la persona afectada o su vehículo queden desprotegidos. En numerosas ocasiones, el propietario del patinete ha terminado declarando insolvencia frente a indemnizaciones elevadas, mientras que en otras ha tenido que responder con sus propios bienes.

Para resolver esta problemática, la modificación legislativa enviada por el Gobierno al Parlamento el pasado mayo, introducirá el concepto de vehículo personal ligero. Según la definición, estos son vehículos motorizados eléctricos que se desplazan a través de una o más ruedas, tienen una sola plaza y pueden alcanzar velocidades de entre 6 y 25 kilómetros por hora, siempre que su peso sea inferior a 25 kilogramos. Si superan este límite, la velocidad máxima será de 14 kilómetros por hora. Sin embargo, es común ver en las ciudades patinetes que circulan a velocidades mucho más altas debido a modificaciones en sus motores y baterías. Algunos modelos pueden alcanzar más de 60 kilómetros por hora, de acuerdo con fuentes policiales. También es habitual observar a más de una persona utilizando el mismo dispositivo.

El nuevo seguro de responsabilidad civil obligatorio tiene como objetivo conciliar el impulso del transporte sostenible con la protección de las víctimas de accidentes provocados por estos vehículos, según informan fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. A partir de ahora, una comisión se encargará de redactar un reglamento que detalle la implementación del seguro obligatorio.

Esto también permitirá a la Administración establecer un registro público de vehículos personales antes del 2 de enero de 2026. En principio, esta tarea recae en la Dirección General de Tráfico, que ya cuenta con una base de datos de todos los vehículos que circulan en España, excepto las bicicletas. Según fuentes de la DGT, todavía no ha recibido instrucciones para crear este registro, por lo que se desconoce cómo y cuándo se llevará a cabo. Hasta que se formalice, no se tiene certeza del número exacto de patinetes en circulación en España. La Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal afirmó a finales de 2023 que hay aproximadamente cinco millones.

Fuentes de Tráfico sugieren que el número de usuarios ha podido disminuir en los últimos años debido a la prohibición de ingresar a transportes públicos con ellos, por el riesgo de incendios o explosiones. Algunas ciudades, como Madrid, han anulado los permisos a las empresas de alquiler de patinetes, argumentando la falta de seguridad tanto para los peatones como para los usuarios. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha reiterado la necesidad de que estos vehículos se sometan a la ITV para evitar modificaciones que incrementen su velocidad y minimizar riesgos de incendio al manipular las baterías. A partir de 2027, solo podrán circular los modelos homologados.

Modificaciones en las indemnizaciones

La reforma legislativa también incluye mejoras en las indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico. En caso de siniestro, existe un baremo oficial que estipula los montos de compensación. En adelante, se agilizará el proceso de indemnización para las víctimas, buscando evitar que sea necesario recurrir a demandas o denuncias que terminen en un juzgado. La modificación permite acceder a algún tipo de solución extrajudicial, como la mediación. Además, los atestados policiales serán facilitados de manera gratuita, y se establecerán plazos más cortos para las valoraciones médicas y la emisión de informes periciales, según fuentes del Ministerio de Economía.

Los montos de las coberturas serán actualizados de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC). Asimismo, se ampliarán las indemnizaciones para mejorar la cobertura de las personas afectadas, incluido a quienes realizan tareas domésticas dentro de la unidad familiar.

El Consorcio de Compensación de Seguros se encargará de las indemnizaciones en tres nuevos escenarios: si la aseguradora es insolvente —incluso entidades extranjeras—, si el accidente ha sido provocado deliberadamente, o si se circula sin seguro obligatorio.