Ábalos solicita al Congreso la restitución de sus derechos como diputado | España

El exministro y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 27 de noviembre. Ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que “reconsidere” su decisión, tomada el 10 de diciembre, de suspender sus derechos y deberes parlamentarios. Su defensa ha pedido a la cámara baja esta medida hasta la vista en el Tribunal Supremo programada para el 15 de enero, donde se revisará su recurso de prisión.

Ábalos sostiene que la decisión es “precipitada, indebida y arriesgada”, dado que aún no se ha resuelto el recurso de apelación que presentó el 4 de diciembre ante el alto tribunal contra la orden de prisión provisional, y cuya resolución se abordará en la vista de la próxima semana.

Así lo ha manifestado a través de su cuenta de X, donde publicó el escrito dirigido al órgano de gobierno de la cámara baja, fechado el 31 de diciembre y en el que solicita ser restituido “al menos” hasta que se celebre la citada vista. La Sala de lo Penal analizará los argumentos presentados por la defensa del exministro, que considera la falta de indicios de corrupción en su contra, ausencia de riesgo de fuga, y argumenta que se vulnera su derecho a la representación política, así como el uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal.

La suspensión de sus funciones, argumenta Ábalos, “vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho, como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato”, y “perjudica la confianza institucional y la imparcialidad necesaria para la democracia parlamentaria y representativa”.

La Mesa del Congreso aprobó su suspensión el 10 de diciembre, tras la confirmación del Tribunal Supremo de su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho y malversación. La Fiscalía Anticorrupción reclama para él 24 años de prisión y una multa de más de 3,9 millones de euros por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, mientras que para su asesor, Koldo García, también en prisión provisional por los mismos hechos, se piden 19,5 años de cárcel y 3,9 millones de multa.

La decisión, en aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, conlleva la pérdida del derecho al voto, la remuneración económica y la baja en la cobertura de protección social, entre otros aspectos.