Ábalos solicita al Congreso la restitución de sus derechos como parlamentario | España

El exministro y ex secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 27 de noviembre. Ha hecho una solicitud a la Mesa del Congreso de los Diputados para que “reconsidere” su decisión de suspender sus derechos y deberes parlamentarios, adoptada el 10 de diciembre. Su defensa ha pedido que esta medida se mantenga hasta la vista en el Tribunal Supremo el 15 de enero, donde se revisará su recurso de prisión.

Ábalos califica la decisión como “precipitada, indebida y arriesgada” dado que aún no se ha resuelto el recurso de apelación presentado ante el tribunal el 4 de diciembre en contra del auto de prisión provisional, que se discutirá la próxima semana.

Así lo ha manifestado a través de su cuenta en X, donde compartió el escrito dirigido al órgano de gobierno de la cámara baja, fechado el 31 de diciembre, en el que solicita ser restituido “al menos” hasta la celebración de la mencionada vista. La Sala de lo Penal va a revisar los argumentos que su defensa ha expuesto, ya que considera que no existen indicios de corrupción en su contra, ni riesgo de fuga, además de que se ha vulnerado su derecho a la representación política y se ha hecho uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal.

La suspensión de sus funciones, según Ábalos, “vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato», lo que “daña la confianza institucional y la imparcialidad que son necesarias para la democracia parlamentaria y representativa”.

La Mesa del Congreso aprobó su suspensión el 10 de diciembre tras la confirmación del Tribunal Supremo de su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho y malversación. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 24 años de prisión y una multa de más de 3,9 millones de euros por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. También se piden 19,5 años y 3,9 millones de multa para su asesor, Koldo García, quien está en prisión provisional por los mismos hechos.

La decisión, en cumplimiento del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, conlleva la pérdida del derecho al voto, a la remuneración económica y baja en la cobertura de protección social, entre otros aspectos.