Ábalos y Koldo acusan a Leire Díez de ejercer tráfico de influencias y obstruir la justicia para proteger a Sánchez.

El exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García planean personarse como acusación particular en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para denunciar una supuesta red de injerencias y filtraciones del PSOE, con el objetivo de condicionar sus defensas judiciales. Acusan a Leire Díez de tres delitos, incluido el de obstrucción a la Justicia, por una supuesta operación que ella habría impulsado en beneficio del PSOE para controlar a los abogados de Ábalos y Koldo, todo para salvaguardar a Pedro Sánchez en el caso PSOE. Además, se habría manejado «información privilegiada», según los documentos presentados por los actuales abogados de Ábalos y Koldo.

Ambos acusan a Leire Díez, periodista y exmilitante socialista, conocida como «la fontanera del PSOE», de haber intentado controlar sus estrategias legales en beneficio del partido y de afirmar tener acceso privilegiado a información reservada de la Guardia Civil y la Fiscalía.

Los documentos, consultados por OKDIARIO, coinciden en indicar que Leire Díez habría llevado a cabo reuniones en las que aseguraba «tener bajo su control o asesoramiento la defensa de diversas personas investigadas» en el conocido como caso Koldo.

Según se detalla en el documento de Koldo García, Díez habría afirmado que «la estrategia procesal de mi representado fue modificada por indicación suya». También habría mencionado que logró apartar a un inspector, al que describía como alguien que intentaba liderar una «operación de inteligencia paralela». Ábalos sostiene que fue Leire quien llevó a cabo esa «inteligencia paralela», y uno de sus elementos clave sería «modificar la línea de defensa» del exministro, sometiéndola completamente a sus directrices.

«Pacto de no agresión»

La representación de Koldo García sostiene que Leire Díez «mantenía comunicación directa con los anteriores abogados de Koldo García y que su defensa respondía a directrices que ella misma marcaba». El escrito indica que estas maniobras buscaban establecer un «pacto de no agresión» con el PSOE. El documento de Ábalos también menciona que Leire Díez quería modificar su línea de defensa «para así llegar a un pacto de no agresión» con el PSOE.

El exasesor socialista ha presentado como prueba una noticia de octubre de 2025. En ella se detalla cómo el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría impuesto a Koldo García que Leire Díez controlara su defensa. Según esta información, Díez obligó al investigado a romper con un bufete anterior y contratar a Ismael Oliver, «un abogado de su confianza y del PSOE».

La ruptura de este supuesto pacto se habría producido en junio de 2025, después de que se conocieran las grabaciones que Koldo García realizó a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos. Cuatro días antes de comparecer en el Supremo, Koldo contrató otro despacho «independiente» y sin vínculos con Ferraz.

Acceso a datos reservados

Ambos documentos coinciden en que Leire Díez habría afirmado «poseer acceso a información reservada procedente de la Guardia Civil y de la Fiscalía». También se le atribuye «capacidad de influir en el desarrollo de diligencias policiales, incluyendo escuchas e investigaciones».

Los investigados también han presentado otra noticia de octubre de 2025 que afirmaba que «la fontanera del PSOE presumía de influir en la cúpula de la Guardia Civil». Se dice que Leire Díez se atribuyó la capacidad de decidir nombramientos dentro del instituto armado. Además, afirmaba dirigir la estrategia de defensa de «Ábalos, Koldo García y el comandante [Rubén] Villalba».

Según las declaraciones recogidas en los escritos, Leire Díez insistía en que «todo estaba entrelazado» entre el caso Koldo y operaciones del sector de hidrocarburos. En este contexto, manifestaba su intención de «reconducir la situación» de los investigados y «evitar perjuicios al Gobierno.

El abogado de Ábalos, Carlos Bautista, subraya que Leire Díez presentaba ambas investigaciones como «conectadas entre sí». Esta unión de múltiples frentes judiciales habría sido utilizada para justificar su supuesta capacidad de influencia.

Los abogados argumentan que estos hechos podrían constituir delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y revelación de secretos. Solicitan que se lleven a cabo «las diligencias de investigación necesarias para esclarecer las posibles injerencias descritas».

El denominado caso Koldo investigaba inicialmente presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Guardia Civil ha indagado en contratos otorgados a la empresa Soluciones de Gestión SL, vinculada al empresario Víctor de Aldama.

José Luis Ábalos fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2018 y 2021. Koldo García actuó como su asesor durante ese periodo. El exministro pasó al Grupo Mixto en el Congreso en febrero de 2024, tras ser apartado del grupo parlamentario socialista.

La investigación judicial ha derivado en múltiples ramificaciones. Entre ellas, indagaciones sobre el sector de hidrocarburos –intercambio de favores en aras de una licencia del Gobierno– y supuestas irregularidades en la adjudicación de macro contratos de obras públicas.

Peticiones al juzgado

Ambos investigados solicitan personarse como acusación particular. Los documentos insisten en que «la gravedad de estas manifestaciones excede el ámbito meramente mediático». Argumentan que existe «la posible existencia de una red de injerencias y filtraciones orientadas a condicionar actuaciones judiciales y policiales».

Esta denuncia añade un nuevo capítulo a la crisis judicial que afecta a Pedro Sánchez y al PSOE. La estrategia de Ábalos y Koldo García ahora consiste en convertirse en acusadores de quienes, supuestamente, intentaron controlar su defensa. Un giro procesal que puede abrir la caja de Pandora de las relaciones entre Ferraz y sus investigados, exponiendo las costuras internas de un partido que enfrenta uno de sus momentos más delicados en lo judicial.