Acusan a Ayuso de transformar el terreno público en un instrumento para el negocio inmobiliario.

El anteproyecto de ley promovido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha generado preocupación en el ámbito ecologista, que advierte que la norma transforma el suelo público en un activo comercial para el sector inmobiliario, debilitando la protección territorial y el control democrático en la Comunidad de Madrid. Con el argumento de la urgencia para incrementar la oferta de vivienda protegida, las organizaciones alertan que el texto abre las puertas a una significativa desregulación urbanística que favorece a los promotores privados sin asegurar el derecho real a la vivienda.

La Plataforma Ecologista Madrileña —compuesta por ARBA, la Asociación Ecologista Madrileña, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura— ha presentado un extenso escrito de alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el aumento de la oferta de vivienda con protección pública, impulsado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. En este documento, las entidades argumentan que la normativa no responde al interés general y que utiliza la crisis habitacional como excusa para realizar modificaciones estructurales en el marco urbanístico, territorial y ambiental de la región.

Según indican, el texto legal modifica hasta seis leyes autonómicas mediante un procedimiento de urgencia que minimiza la participación pública y el debate social. Alertan que este método de legislar no es una excepción, sino que se ha vuelto habitual en la práctica del Ejecutivo madrileño para introducir cambios significativos en la ordenación del territorio. “La urgencia se ha convertido en la norma en lugar de en la excepción, vaciando de sustancia la planificación urbanística y el control democrático”, destacan en sus alegaciones.

Urbanismo de urgencia al servicio de los promotores

Uno de los puntos centrales de la crítica es que el anteproyecto prioriza de manera sistemática la rentabilidad del promotor privado. Para ello, facilita cambios de uso del suelo, aumentos de edificabilidad y de densidad de viviendas y reduce estándares urbanísticos, como los relacionados con el aparcamiento y las dotaciones públicas. Todo esto, señalan los ecologistas, sin fortalecer el parque público de vivienda ni asegurar el acceso a los colectivos más vulnerables, que son precisamente los más impactados por la crisis de vivienda.

En este contexto, subrayan que la Comunidad de Madrid aún no ha desarrollado una política pública de vivienda estructural, ha rechazado utilizar los mecanismos previstos en la Ley estatal de Vivienda y se ha decantado por modelos como el Plan Vive, que consideran elitistas, opacos y desconectados del interés general. “Bajo el pretexto de la urgencia social se consolida un urbanismo excepcional que beneficia al sector inmobiliario sin abordar el problema de fondo”, aseguran.

La Plataforma también destaca la consolidación de regímenes urbanísticos excepcionales que, aunque inicialmente se presentan como temporales, terminan integrándose de forma permanente en la normativa. En 2024, la Comunidad aprobó una ley que permitía de manera extraordinaria el cambio de uso de suelos terciarios de oficinas a residenciales durante dos años. El nuevo anteproyecto no solo prorroga este régimen, sino que también lo extiende a suelos de hospedaje y dotacionales privados, incorporando incrementos de edificabilidad y densidad fuera del planeamiento municipal.

Estas modificaciones, advierten, se implementan sin evaluar el impacto en los servicios públicos, las infraestructuras o las dotaciones necesarias, lo que podría causar situaciones de saturación y deterioro en la calidad de vida urbana. Además, se refuerza el papel de los Planes Territoriales de competencia autonómica, que adquirirán capacidad directa para impulsar desarrollos residenciales, desplazando al planeamiento municipal, que es clave para definir el modelo de ciudad y garantizar la participación ciudadana.

Vías pecuarias y suelo público, en riesgo de urbanización

Desde una perspectiva ambiental y territorial, uno de los aspectos más graves del anteproyecto es la desprotección del suelo público, en particular de las vías pecuarias. Las alegaciones advierten que la reforma introduce el silencio administrativo positivo en áreas sensibles como carreteras y vías pecuarias, lo que permite interpretar la falta de informes sectoriales como favorable. Para los ecologistas, esta medida elimina controles esenciales relacionados con la seguridad vial, la viabilidad de los desarrollos urbanísticos y la protección de bienes de dominio público.

La modificación de la Ley de Vías Pecuarias es especialmente preocupante, ya que sustituye la obligación de clasificar estos caminos como suelo no urbanizable de protección por formulaciones ambiguas que no aseguran su preservación efectiva. Con este cambio, más de 4.000 kilómetros de vías pecuarias y alrededor de 23.000 hectáreas de suelo público quedan expuestos a procesos de urbanización y a una pérdida irreversible de su valor ambiental, territorial y cultural.

La Plataforma Ecologista Madrileña informa también de una vulneración sistemática de la autonomía local. El anteproyecto impone normas autonómicas de aplicación directa que obligan a los ayuntamientos a pronunciarse explícitamente para evitar su entrada en vigor automática, alterando la lógica de competencias y convirtiendo a las entidades locales en meros ejecutores de decisiones tomadas por el Gobierno regional.

“Las personas necesitan vivienda, pero también barrios equilibrados, servicios públicos suficientes, dotaciones cercanas y entornos no segregados. La ciudad no puede ser solo un simple contenedor de viviendas”, enfatizan las organizaciones. Por todo esto, exigen la retirada completa del anteproyecto y la apertura de un proceso participativo genuino para diseñar una política de vivienda que se base en la planificación, la sostenibilidad, la justicia social y la protección del territorio, en vez de seguir utilizando el suelo público como un activo del negocio inmobiliario.