Acusan de acoso inmobiliario a varios altos directivos de un fondo buitre en un edificio de Lavapiés.

Una nueva pequeña victoria judicial para los residentes de Tribulete 7. El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha aceptado su denuncia por acoso inmobiliario, con el fondo de inversión Elix Rental Housing como imputado. Se trata de la primera querella colectiva en España por un delito de ‘mobbing’ inmobiliario.

Tras más de un año de lucha, los vecinos de este bloque en Lavapiés han comenzado a ver los frutos de su movilización. Con el respaldo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, las numerosas familias afectadas presentaron el escrito judicial el 22 de mayo pasado y han logrado que la Justicia les dé la razón.

Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas, informó este miércoles en una rueda de prensa que el juzgado ha acogido el caso, ha abierto diligencias previas y ha iniciado una investigación. Se han citado a declarar a varios altos cargos del fondo buitre como presuntos responsables de este acoso inmobiliario. “Se han convocado a uno de sus socios fundadores, a uno de sus directores, a dos empleados, al arquitecto y al jefe de obra”, detalló. Todos estos implicados han sido citados para el próximo 19 de febrero.

Jacinto destacó que se trata de un fenómeno común: “Es una práctica que muchos fondos están replicando”. “Se toman la justicia por su mano para extorsionar a los residentes y lograr que se vayan”, asegura. En el caso de Tribulete, la abogada afirma que hay evidencias suficientes para “concluir que hay acoso, hostigamiento, daño a sus propiedades y un importante impacto moral”.

La socimi completó la adquisición del bloque en marzo de 2024 e inició obras en noviembre, cuando la mayoría de inquilinos aún habitaban el edificio. Las obras “hacen imposible vivir en Tribulete” y algunos vecinos ya han tenido que abandonar sus hogares. Además, han sufrido cortes de suministros y algunos conviven con goteras y daños en sus viviendas.

Es importante mencionar que este acoso afecta a la vivienda habitual, lo que legalmente tendría mayores consecuencias, según lo expuesto por la abogada en la rueda de prensa. De hecho, los vecinos siguen pagando sus rentas “religiosamente” cada mes.

Cristina Gómez, una de las vecinas del edificio, mostró su satisfacción por este nuevo avance: “Estamos contentos de que el proceso esté avanzando y no perdemos de vista que es un pequeño hito dentro de esta enorme lucha, por eso nos sentimos esperanzados”. Sin embargo, admite que “las fuerzas empiezan a decaer”, ya que llevan muchos meses soportando las conductas abusivas del fondo.

Tribulete se ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos y contestatarios entre aquellos adquiridos por fondos o sociedades inmobiliarias en la capital, en medio de una creciente tendencia hacia el lucrativo negocio de los alojamientos turísticos o temporales. El bloque ha organizado conciertos, manifestaciones sacando muebles a la calle e incluso ha albergado un funeral por la muerte de los barrios, con actuaciones de Biznaga incluidas. Ahora demandan “el fin de la impunidad”.